La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, destina un total de 549.000 euros a prorrogar este año en la provincia de Huelva el programa extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, regulado por el decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad puesto en marcha en Andalucía.
El listado de los ayuntamientos participantes y las cuantías asignadas a cada uno de ellos se encuentran ya publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). En el caso de Huelva se trata de 72 localidades, entre las que destacan los 42.000 euros que recibe la capital, 19.000 Lepe y los 13.000 de Aljaraque, Almonte, Cartaya, Ayamonte, Bollullos, Isla Cristina, Punta Umbría Valverde del Camino o Moguer, ha informado la Junta en una nota.
El desarrollo por segundo año consecutivo de esta iniciativa responde al objetivo de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de ofrecer atención y cobertura social a las personas que más están sufriendo los efectos de la crisis económica, tal y como ha puesto de manifiesto la consejera del ramo, María José Sánchez Rubio.
Este programa ratifica también el compromiso y la estrecha colaboración de la Junta de Andalucía con las administraciones locales. En este sentido, el 94 por ciento de los municipios andaluces se han acogido a estas nuevas prestaciones de urgencia social, donde están incluidos los suministros básicos (agua y luz) y el equipamiento esencial de la vivienda, como muebles o reparaciones básicas; necesidades urgentes de alimentación y vestido o el pago del alquiler. Las ayudas se otorgan en función del número de desempleados del municipio, que recibe entre 3.900 y 50.750 euros.
El programa se materializa mediante ayudas que son gestionadas por los propios ayuntamientos para la atención a la cobertura de contingencias extraordinarias de las necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos, de aquellas personas o unidades familiares que no puedan hacer frente a gastos específicos y que, cumpliendo los requisitos exigidos por la norma, hayan sido comprobados e informados por parte de los servicios sociales comunitarios.
Pues cuidao, porque las costas de HICONSA, ya están próximas a tener que pagarse. Y la pagan los que pierden los juicios de donde salen tachados judicialmente como TEMERARIOS.... Al lorito....Son muchos miles de euros... Ala!! a pagar!! por espabilaos..
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