sábado, 23 de febrero de 2013

¿Nuevo Partido Provincial liderado por el alcalde de Cartaya?

Mañana en la Casa Colón de Huelva, tendrá lugar una asamblea de los partidos independientes de Huelva, que llega tras la celebrada meses atrás en Beas, donde se espera sellar el nacimiento del nuevo partido para conformar un partido independiente en la ptovincia de Huelva y donde parece que el alcalde de Cartaya quiere liderar este partido

El 24 de Febrero Carnaval en El Portil



El Portil celebra este domingo, 24 de febrero, una fiesta de Carnaval a partir de las 13.00 horas, en la que habrá diversión para todas las edades con actuaciones, pasacalles y distracciones para los más pequeños. Así, la jornada comenzará con un pasacalles que se iniciará en la oficina municipal de la calle Enebro. Completarán el recorrido callejero una carroza con música en directo de samba y carnaval. Pasará por las principales vías del centro, con la participación de todos los vecinos que lo deseen, a los que la concejala delegada del núcleo urbano, Beatriz Román, invita “a que se animen para formar parte de la comitiva disfrazados”. En torno a las 14.00 horas, habrá una actuación en la Plaza de la Sal. La protagonizará la chirigota ganadora del certamen del Carnaval de la Luz de este año, 'Los voluntarios', que también ha sido segunda en el concurso provincial del Carnaval Colombino. Además, puede que se añada algún otro grupo al evento. Al finalizar, habrá un castillo hinchable para el disfrute de todos los niños y niñas presentes. El acto lo organiza el Ayuntamiento de Punta Umbría, a través de la concejalía de El Portil, con la colaboración de la Asociación >50 y los establecimientos Cervecería Raúl, que proporcionará una paella para los asistentes, así como Bar La Triniá, que aportará una garbanzá.

viernes, 22 de febrero de 2013

Kaló: Nueva Exposición en Nuevo Portil

Sábado 2 de Marzo, a las 18, 30 horas, se podra disfrutar de una tarde sin igual en Kaló [espacio cultural-tetería-bar].
Inauguran exposición: "ANTOLOGIA I", una exposición de Toñi Pernia. Expone diversas obras de sus series "Caracolas", "Paisajes" y "Miradas del Mundo". Pinturas realizadas con técnica pastel sobre papel.
El piano de Kaló tomará vida gracias a Carlos Sánchez de la Campa que con los temas que tiene preparados despertará lo mejor de cada uno, hará de la música un sentimiento

Psoe de Cartaya critica que los contenedores esten llenos

El secretario general del PSOE de Cartaya, Alexis Landero, ha exigido al alcalde de Cartaya, Juan Polo (ICAR), que cumpla con su responsabilidad de ofrecer un servicio "de calidad" a los ciudadanos, puesto que los contenedores "están llenos de basura" debido a las "prisas" para privatizar el servicio de agua y recogida de basura. En declaraciones, Landero ha indicado que esto demuestra que "el equipo de gobierno se mueve por intereses ocultos sin primar en ningún momento en bienestar de los vecinos". Ha remarcado que en este momento "los cartayeros están sufriendo la desidia y la dejadez de un alcalde que actúa por impulsos y toma decisiones sin pensar en el futuro de un pueblo". El edil ha subrayado que "Polo decidió abandonar Giahsa sin tener previsto cómo dar el servicio en el municipio y ahora vemos que las consecuencias, como que los contenedores están llenos de bolsas de basura, y los ciudadanos están soportando y viendo que Cartaya está sucia". Por ello, ha lamentado que el alcalde "se empeñara en adjudicar por emergencia un servicio que estaba bien cubierto y estos son los resultados de tomar esa decisión, por ello, el equipo de gobierno es el único responsable de lo que está ocurriendo en el municipi

jueves, 21 de febrero de 2013

IU pide a Giahsa que denuncie en Fiscalia la privatización de Cartaya

IU instará por escrito a Gonzalo Rodríguez Nevado, presidente del consejo de administración de la Mancomunidad Provincial de Servicios (MAS), a elevar a la Fiscalía Provincial toda la documentación que obra en su poder para determinar si existe alguna ilegalidad en la salida de municipios de Giahsa, al tiempo que exigirá la paralización de cualquier proceso de privatización de los servicios de abastecimiento de agua y recogida de basura.

Así lo anunció ayer el coordinador provincial de IU, Pedro Jiménez, quien explicó que su compañero Antonio Marín, uno de los cuatro vicepresidentes, ya pidió al consejo de administración que actuara de manera contundente y acudiera a los tribunales al conocer el informe que la empresa pública encargó a Javier Barnes, catedrático de Derecho Administrativo, ex letrado del Tribunal Constitucional y profesor de la Universidad de Huelva (UHU), en el que constata que la salida de municipios de Giahsa es supuestamente ilegales y responde a una estrategia premeditada de la que se pueden derivar responsabilidades patrimoniales y penales, según reveló El País.

Al respecto, Jiménez recordó que los ayuntamientos del PP, partido que tenía acceso a toda la información de MAS al formar parte del consejo, han ido saliendo de la empresa instrumental Giahsa en un goteo continuo (a pesar de que este partido firmó el Pacto por el Agua), debilitando la gestión económica de la mancomunidad y "trabajando desde dentro para dinamitarla". Al respecto, Marín se refirió al supuesto mal uso -por parte de consistorios del PP o independientes que gobiernan con el apoyo de los populares, entre los que figuran Valverde, Cartaya, Cortegana o Bollullos- del concepto de "emergencia" para la adjudicación posterior del servicio a Aqualia.

Hernandez Cansino (PP Punta) trabaja para Aqualia (ahora tiene el servicio del agua en Nuevo Portil)

El exalcalde y actual portavoz del PP en Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino, ha sido contratado por Ayuntamientos que se han separado de la mancomunidad provincial MAS y privatizado los servicios que prestaba su sociedad instrumental Giahsa en favor de Aqualia. Esta empresa también contrató a Hernández Cansino. Este abogado reconoció su vinculación con los municipios y la entidad privada, pero negó haber mediado o que sus trabajos tengan relación, sean incompatibles y hayan coincidido en el tiempo.

Aqualia contrató a Hernández Cansino el 2 de julio de 2007 porque, según se expone en el documento que los vincula, la empresa "mantiene en Andalucía un gran número de contratos administrativos de gestión de servicios públicos con diversos entes locales, participando habitualmente en todos los concursos convocados para la adjudicación de este tipo de contratos". La empresa, según las estipulaciones, "arrendó los servicios profesionales" de Hernández Cansino para “asesoramiento jurídico” en los contratos administrativos “actuales” y “futuros”. Se estableció entonces una contraprestación de 1.850 euros al mes y la duración inicial era de un año.

Solo siete meses después, el 16 de enero de 2008, el Ayuntamiento de Moguer, gobernado entonces por Juan José Volante Padilla, también del PP, aprueba la contratación de José Carlos Hernández Cansino por 13.920 euros al año para “asesoramiento jurídico” durante dos años prorrogables por un máximo de cuatro.

El 31 de octubre de 2008, transcurrida la vigencia del referido contrato con Aqualia, un directivo de esta empresa reclamaba los nombres de los letrados vinculados a la empresa con el fin de hacer un “inventario”. En la petición, se afirmaba: “A fecha de hoy sólo tengo conocimiento de los abogados que están trabajando para nosotros y en los que he intervenido, de alguna u otra forma, en su contratación (…) José Carlos Hernández y algunos otros”.

El 30 de diciembre de 2009, días antes del cumplimiento del contrato de Hernández Cansino con el Ayuntamiento de Moguer, el pleno aprueba por “tramitación de emergencia” la adjudicación a Aqualia del servicio de “suministro domiciliario de agua, alcantarillado y depuración” en este municipio y la entidad costera de Mazagón.

La relación del abogado y portavoz del PP en Punta Umbría con los Ayuntamientos se prolonga más años, como prueba la vinculación de Hernández Cansino con Bollullos Par del Condado, un municipio gobernado por el independiente Francisco José Díaz con apoyo del PP. Este alcalde, dirigente de los independientes onubenses, ha sido uno de los más beligerantes para suprimir su relación con MAS y favorecer la privatización de servicios. Díaz no quiso aclarar la relación de Hernández Cansino con su Ayuntamiento, en el que constan numerosas autorizaciones de gasto a favor del letrado del PP y por importes que oscilan entre los 2.323,82 euros de la factura número 29, correspondiente a agosto del pasado año, y los 2.516,16 euros de la número 38, presentada en diciembre.

Hernández Cansino aseguró, de forma tajante, que “no existe relación” entre la labor realizada para Aqualia y la ejercida en los Ayuntamientos. “No hay coincidencia en el tiempo”, añadió para enfatizar que presta servicios a clientes tanto municipales como particulares. “Pero cuando he intervenido en los Ayuntamientos no había ninguna relación con Aqualia”, insistió. “Mediación, en ningún caso”, sentenció.

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, indicó sobre este asunto que “parece” que ha habido gente que ha jugado “al doble juego”, estando al servicio de los municipios pero también de la empresa privada, en una función de “doble espía”. “Se han situado en el terreno de defender los intereses privados, pero también cobrando de determinados ayuntamientos con carácter de dinero público”, precisó. Valderas señaló que se ha podido producir una “malísima defensa” de los intereses públicos para hacer una “magnífica defensa” de los intereses privados, se ha mostrado convencido de que “algo no huele bien” en este tema.

Hay que recordar que el Presidente de Giahsa es casualmente el rival político del Sr. Hernandez Cansino

miércoles, 20 de febrero de 2013

Segundos efecto de la privatización de Cartaya. Esto es aqualia

Los primeros efectos los hemos podido ver con el " magnifico" contenedor multiusos de dios sabe que año y que al parecer viene de Malaga y que sustituye a los tres anteriores que dividia la basura segun materias, papel y carton, organico, .... El segundo efecto lo hemos podido ver cuando al parecer los operarios de aqualia en vez de reparar correctamente un problema que ha habido en una acometida se van a tomar algo y dejan echando agua. Parece que después si han procedido a cortar agua según nos han comentado varias personas ¿Cuanto durara el corte?

martes, 19 de febrero de 2013

Informes determinan la ilegalidad de lo realizado por Ayto Cartaya

Dos Informes (Cuatrecasas y el Despacho de Abogados Cuatrescasas) determinan que Ayuntamientos de Huelva como Valverde (PP), San Juan del Puerto (PP) y Cartaya (Independientes con apoyo del PP) han abandonado o amenazado con dejar la sociedad Gestión Integral del Agua de Huelva (Giahsa), una empresa pública instrumental de la mancomunidad provincial MAS creada para prestar el suministro durante 30 años a más de 65 pueblos. Las marchas, a las que pretenden sumarse más municipios, hacen inviable la estructura supramunicipal y el servicio público, son ilegales y responden a una estrategia premeditada de la que se pueden derivar responsabilidades patrimoniales y penales, según un informe jurídico encargado por MAS.

Javier Barnes, catedrático de Derecho Administrativo y exletrado del Tribunal Constitucional, ha analizado los casos mencionados, entre otros. En el informe califica de “manifiesta ilegalidad” la “operación diseñada” por los municipios. “El grado de evidencia de esas ilegalidades —y de la orquestación de ese diseño— es tal que resulta sorprendente”, se afirma en el informe, que concluye que la “secuencia” es susceptible de llevar a exigir responsabilidades personales patrimoniales, por daños causados por dolo, negligencia o culpa, y penales, por supuesta prevaricación.

El texto destaca que el objetivo final de la operación es la privatización del servicio y “la adjudicataria de la nueva contratación es, en todos los casos, la empresa Aqualia”. El fin es la obtención de fondos a través de la concesión de un servicio público. “La crisis económica y financiera no justifica los fines a perseguir: la obtención de financiación a través de una contratación ilegal”, advierte el jurista.

El contundente informe de Javier Barnes, de 175 páginas y fechado el 19 del pasado mes de noviembre, desmonta uno por uno todos los argumentos de los alcaldes para abandonar la empresa de MAS y privatizar el servicio además de advertir de todo tipo de responsabilidades en estas actuaciones, incluidas las penales. “La operación en su conjunto se inscribe en un ciclo completo de ilegalidad”, advierte el letrado. Este es un resumen de sus argumentos.

» Separación injustificada. “El derecho de separación carece de justificación objetiva en todos los casos”, refleja el texto legal como una de las primeras advertencias. A partir de ahí, no deja ni un solo resquicio para defender la actitud de los alcaldes segregacionistas.

En este sentido, añade que el derecho de separación está montado sobre un “triple y evidente error jurídico”: no se sirve del arreglo pacífico de controversias exigible, lo que genera un bloqueo entre Administraciones que repercute en el ciudadano; se invoca la discrecionalidad y la autonomía local “como si significara puedo decir lo que quiera mientras cuente con mayoría”; y se confunden ambos conceptos con “desvinculación de la Ley y el Derecho”.

Añade el texto que la separación de la mancomunidad es una decisión discrecional que debe estar obligatoriamente motivada. “No vale una motivación pro forma, no vale con rellenar unas líneas”, como define a los argumentos municipales aportados.

“No puede hablarse técnicamente de ejercicio del derecho, si acaso de abuso”. “Se trata de un mero abandono” que el jurista considera “viciado en origen” porque carece de un presupuesto “habilitante” y de motivación real, por incumplimiento de acuerdos y procedimiento y por “desviación de poder”.

“El abandono se convierte en la puerta de entrada de las ilegalidades subsiguientes, tendentes a los cambios en la gestión del servicio”.

»Negligencias graves. El informe no deja ni una sola página sin cuestionar el procedimiento y es claro al insistir en que “puede hablarse de culpa o negligencias graves”, según el artículo 145.3 de la Ley 30/1992, que regula el procedimiento, al que puede recurrir cualquier vecino, para exigir la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. “Solo por la forma abusiva en que se ha ejercicio el derecho de separación puede fundarse la exigencia de responsabilidad personal”.

Barnes también cuestiona la “deslealtad” en los abandonos al evidenciar que las supuestas motivaciones no se han debatido en los órganos de representación de la mancomunidad. Para el jurista, esta actitud está relacionada con la “mala fe”, “desviación de poder” y “uso abusivo”.

»Supuesta lesividad. Casi con los mismos términos califica la argumentación de los municipios de los supuestos perjuicios causados por el canon que debe pagar la mancomunidad a los Ayuntamientos por el alquiler de las redes y que consideran insuficiente. Este pretendido daño se ha catalogado como “declaración de lesividad” y es, en opinión del jurista, “manifiestamente ilegal, arbitraria, artificiosa, desviada del fin y abusiva”.

»Emergencia sin motivo. Del mismo modo, el informe considera “injustificada” y “viciada” la supuesta emergencia para la adjudicación posterior de los servicios de agua a una empresa privada. “No está justificada ni motivada” y es contraria “abiertamente” a la legislación de contratos del sector público, al Derecho europeo en materia de defensa de la competencia, a los indicadores de transparencia y contra la corrupción.

“Las contrataciones de emergencia —destinadas, según parece, a adjudicar a la misma contratista el servicio a cambio de financiación— constituyen un manifiesto despropósito jurídico en sí mismo”.

»Falseamiento de la competencia. El texto considera que el “falseamiento de la competencia por actos desleales” debe ser objeto de investigación y da por “suficientemente acreditadas” las responsabilidades por actuación ilegal. “Son sin duda relevantes por su magnitud, cuantía y evidencia; y supondrán un empobrecimiento injustificable para las respectivas haciendas locales”.

»Prevaricación. Finalmente, el letrado asegura que “concurren datos suficientes para sostener la responsabilidad personal de las autoridades o miembros electos, del personal al servicio de las Administración, y de los sujetos privados hayan intervenido en las distintas secuencias tanto a efectos patrimoniales por los daños y perjuicios causados mediando dolo, o culpa o negligencia graves; como penales por prevaricación”.

El informe de Javier Barnes se puede ver en EL Pais

lunes, 18 de febrero de 2013

Resolviendo dudas de Nuevo Portil


Dado que algunos nos habeis preguntado por los contenedores, os indicamos que el único contenedor de los cuatro que existen es el de la izquierda (el más viejo y que pone Ayuntamiento de Cartaya). Todo se debe a que el Ayuntamiento de Cartaya al privatizar el servicio del agua y la recogida de basuras ha preferido antes que tener tres contenedores (cada uno para cada cosa)a colocar solo uno y de peor calidad para todo.

domingo, 17 de febrero de 2013

El alcalde quizás "despida" a la Delegada de Nuevo Portil


El alcalde de Cartaya quizás vaya a tener que prescindir de la asesora Humildad (Delegada de Nuevo Portil) ya que los recortes de Rajoy en materia de Ayuntamientos ha indicado que Cartaya tiene que prescindir de uno de sus asesores. Teniendo en cuenta que el PP por motivos de peleas internas de dentro del partido (y que ya comentamos en Crisis del PP de Cartaya) han sustituido a un asesor por otra persona y otra persona que esta en el área de turismo se ha quedado sola al en ese área hace que todas las papeletas recaiga en la Delegada de Nuevo Portil