Llegan a El Poritl y Nuevo Portil los Recortes en Educación

Medio centenar de familias de  El Portil y Nuevo Portil cuyos hijos se encuentran escolarizados en el CEIP Virgen del Carmen del Rompido denuncian que la reorganización del transporte escolar de sus hijos les impedirá elegir la parada en función de sus intereses, como ha sucedido en años anteriores, y por el contrario tendrán que adaptarse a la que les adjudiquen según el criterio de cercanía a su domicilio.

Los padres afectados se han movilizado para pedir soluciones a Educación. Así han remitido un escrito a la delegada provincial, Estela Villalba, en la que solicitan que se les reconozca “el derecho a elegir la parada del transporte escolar acorde a nuestras necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral”. Los afectados han iniciado una recogida de firmas para respaldar su reivindicación.

 Las familias podían elegir la parada, y lo hacían por motivos laborales de los padres, las necesidades de recogidas de abuelos o la proximidad con centros de educación infantil que tienen aulas de acogida. Este curso se han presentado 120 solicitudes, de las que unas 50 se ven afectadas por la problemática que denuncian las familias.

En el escrito, los padres recuerdan que el transporte es un servicio gratuito que compensa la falta de un centro escolar en el núclo de residencia. En este sentido, denuncian que la Delegación de Educación “al denegar la posibilidad de elegir parada por aplicar el artículo 10.5 del decreto 287/2009 de 30 de junio se actúa en contra del principio de igualdad de derecho a la educación”.

En base a ese reglamento, en los últimos cursos escolares se permitió a las familias escoger diferentes paradas para la ida y para la vuelta así como hacer cambios con previo aviso a la secretaría del centro. Los padres asumen que con la reorganización del servicio se reduzca a “una sola parada por familia” si bien “no entendemos que se limite la asignación de parada al domicilio sin tener en cuenta las situaciones particulares de los usuarios”. Los principales afectados son los niños cuyos padres por horario laboral no pueden acudir a recoger a sus hijos y tienen que delegar en terceras personas como familiares o cuidadores y en padres separados que viven en diferentes domicilios.

La decisión de la Delegación responde, según reconocen los propios padres, a que “se produjeron ciertos abusos en los años anteriores en el uso del servicio de transporte escolar tolerados por todas las partes implicadas” ante lo cual los padres piden “un control para garantizar la seguridad de los usuarios” y se comprometen a “respetar las normas del centro atendiéndonos a las correcciones que establezca en caso de incumplimiento”.

Los padres sostienen que “si la medida no se corrige, las familias no ven salida”, señala uno de los padres. Algunas familias han solicitado “el comedor escolar pero les dicen que está completo, de todas formas no soluciona el problema ya que elegir comedor anula el transporte de vuelta”. Como consecuencia, asegura que “muchas madres o padres llegarán tarde a sus trabajos y después a las paradas asignadas a la vuelta, lo que conlleva que los niños sigan el recorrido hasta fin de trayecto, donde esperarán hasta que el centro educativo se haga cargo de ellos”.

Polo (exalcalde de Cartaya) acusado de delito

La investigación judicial abierta contra el exalcalde de Cartaya Juan Polo sigue adelante. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte ha dispuesto la continuación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado por si los hechos imputados al ex alcalde de Cartaya, Juan Polo, fueran constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio y urbanismo.

En el auto se fijan los hechos que motivan la incoación del procedimiento abreviado y se indica que Polo, “en su condición de alcalde de Cartaya y a sabiendas de su injusticia, dejó de promover el inicio de las medidas pertinentes en vía administrativa para la restauración de la legalidad urbanística, o en su caso, expediente sancionador, en relación con las obras realizadas por él o personas de su entorno sin licencia en la finca de su propiedad situada en el paraje Valle de las Yeguas o La Vasca, a pesar de haber sido requerido fehacientemente para ello por la Fiscalía Provincial de Huelva en el marco de las diligencias informativas y al amparo de la Ley Urbanística”.

La parcela en la que se realizaron las distintas construcciones, “contraviniendo la legalidad vigente, presenta la clasificación de suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica de protección de cauces y suelo no urbanizable de carácter natural o rural”. En esta segunda parte es donde se encuentran las edificaciones, las cuales fueron objeto de “declaración de asimilación a fuera de ordenación”.

Para garantizar la omisión de la tramitación de las correspondientes medidas o del posible expediente sancionador, se considera que “Juan Miguel Polo Plana pudo influir en los funcionarios integrantes del ente municipal, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo y de la situación derivada de su relación personal o jerárquica”.