La Diputación redactará, desde el Área de Infraestructuras, el proyecto técnico de construcción del nuevo parque y colaborará con el Consorcio Provincial asumiendo las labores de Dirección de Obra y Facultativa, así como la Coordinación de Seguridad y Salud de la misma. Unos trabajos que, según explicó el presidente de la institución provincial, Ignacio Caraballo, supondrán "un ahorro cercano a los 60.000 euros" en el coste total del parque, que rondará los 860.000 euros, financiados por el Consorcio Provincial con cargo a su presupuesto.
El nuevo parque, que además atenderá los núcleos poblacionales de El Portil, Nuevo Portil y El Rompido (salvo que cumpla lo que dijo el Alcalde de Cartaya que expuso en un pleno que se iban del Consorcio de Bomberos), se ubicará en una parcela de más de 3.000 metros cuadrados en la intersección entre la A497 y la A-5058, en lo que se conoce como Campo Común de Abajo, en el paraje de la Norieta, cedida al Consorcio Provincial por el Ayuntamiento de Punta Umbría de manera gratuita y con esta finalidad.
El Ayuntamiento de Punta Umbria también se compromete mediante el convenio firmado estos dias pasados a la realización de todas las actuaciones urbanísticas necesarias, dada la importancia del servicio a implantar en las nuevas instalaciones, así como a agilizar la concesión de los correspondientes permisos y licencias perceptivas. "La ubicación del nuevo parque ha sido fruto de un "laborioso estudio para determinar el lugar, con el fin de dar la mayor rapidez posible en la respuesta ante cualquier emergencia", según el alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado.
El alcalde insistió en que "no se puede bajar la guardia" en aspectos como el de la seguridad y ha agradecido el consenso entre las administraciones para hacer posible esta infraestructura.
Por su parte, el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos y Salvamento, Cristóbal Carrillo, explicó que este nuevo parque dará respuesta a las necesidades de esta zona, "una de las más turísticas de la provincia y con una gran superficie de masa forestal", sustituyendo al antiguo retén de La Bota, actualmente ubicado de manera provisional en Aljaraque.
El edificio se proyectará en una extensión de 794 metros y constará de Puesto de Control, 3 dormitorios, un gimnasio y un aula de Formación, entre otras dependencias.
La elección de la parcela obedece a un Estudio de Localización elaborado por el Consorcio, que la fija como ubicación idónea para el Parque, por su accesibilidad y facilidad de comunicación, en la intersección de dos carreteras. El área de Infraestructuras de la Diputación elaboró un Plan Especial de Actuación, para declararla de interés público y posibilitar la edificación en este lugar.
Tanto desde la Diputación como desde el Consorcio se destacó ayer el volumen de la población a la que se le dará cobertura desde el Parque Comarcal Costa-Riberas, que ronda los 60.000 habitantes, cantidad que en los meses de verano se multiplica, por tratarse de municipios eminentemente turísticos con núcleos como El Portil, Nuevo Portil y El Rompido
Esperemos que el Gobierno de Cartaya recapacite porque su posición puede perjudicar no solamente a sus ciudadanos sino también a los de punta umbría ya que hagan recapaciar sobre la ubicación del lugar por el abandono de Cartaya.
sábado, 24 de noviembre de 2012
viernes, 23 de noviembre de 2012
Polémica sobre despidos en Cartaya. Nueva contradicción (una más) de nuestro alcalde según IU
Se han despedido a 17 trabajadores (seguramente cuando hayan recibido dinero de Giahsa) y mostramos las diferentes opiniones, unos razones económicas y otros razones ideológicas sobre todo cuando esta entrando gente de los partidos del equipo de gobierno
El alcalde de Cartaya, Juan Polo , achacó el despido de 17 trabajadores municipales responde a "motivos económicos" puesto que el Consistorio "debe cumplir el plan de ajuste" de cara al próximo año 2013.
El primer edil rechazó que, como afirman PSOE e IULV-CA, estos despidos respondan a causas ideológicas y subrayó que los servicios públicos "están garantizados".
Polo informó que junto con los servicios jurídicos, el equipo de Gobierno se reunió con los afectados y la presidenta del comité de empresa para "dar la cara y explicar la situación" debido a que los despidos se deben a "razones económicas" al objeto de cumplir el plan de ajuste.
El alcalde explicó Polo que en 2012 "se ha cumplido con el plan de ajuste" y para 2013 "se contemplaba una rebaja de la masa salarial" y por ello, "se ha intentado despedir al menor número posible de empleados". En consecuencia, adelantó que, si en el mes de junio, ve que, "pese a las medidas de austeridad no se cumple el objetivo presupuestario, tendrá que tomar más medidas". "Ante la falta de propuestas del comité de empresa, como regidor local, lamentablemente, tengo que tomar decisiones", indicó, ya que, en caso contrario, "dentro de dos meses la plantilla se quedaría sin cobrar".
¿Que es lo que indica la oposición?
El PSOE de Cartaya ha asegurado, tras anunciarse el despido a 17 trabajadores municipales por parte del alcalde de la localidad, el independiente Juan Miguel Polo, que el equipo de Gobierno (ICAR, PP y PA) está “atacando a los servicios públicos”. Asimismo, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartaya, Alexis Landero, aseguró que el alcalde, Juan Polo, está “obsesionado en destrozar y desmantelar lo que al anterior gobierno socialista tanto trabajo le costó construir y todo porque gobierna desde el odio y el rencor al Partido Socialista”. Del mismo modo, Landero señaló que estos 17 trabajadores pertenecen, entre otras, a las áreas de inmigración, deportes y cultura (entre ellos algunos que llevan más de 20 años desempeñando ese puesto de trabajo, además de otras con alguna discapacidad). En este sentido, apuntó que hay servicios como en el caso de inmigración, que desaparecerían. Con respecto al área de inmigración, el representante socialista mostró su extrañeza porque hasta el momento era un servicio asignado al Partido Andalucista, por tanto, “no se sabe que se tiene guardado para esta aliado de gobierno a partir de ahora o si realmente está actuando con un programa oculto”. Para Landero, con este nuevo “castigo” a los cartayeros este equipo de Gobierno (ICAR, PP y PA) con su alcalde Juan Polo demuestra que no gobierna para los ciudadanos sino para los intereses del Partido Popular”. Y, mientras “el Partido Socialista defiende los servicios públicos el Gobierno Tripartido pretende destrozarlos”, subrayó. Por último, el portavoz socialista indicó que desde que este municipio está en manos de un gobierno Tripartito sólo han cometido “errores” que “empeoran y dañan la situación de los cartayeros”.
Por su parte, IU ha rechazado en un comunicado los 17 despidos anunciados hoy por el alcalde de Cartaya en una reunión que ha mantenido con las personas afectadas por la medida. IU considera que esos despidos, que se harán efectivos a mediados del próximo mes de diciembre, “no obedecen a ningún criterio de organización interna del Ayuntamiento ni buscan ahorro de costes laborales o la mejora de los servicios municipales”. Se trata, asegura el comunicado, de despidos “de carácter político debido a la supuesta identificación ideológica de algunas personas afectadas con el anterior gobierno municipal”. Los despidos, además, se producen para IU “después de que el gobierno formado por ICAR, PP y PA haya enchufado en distintas áreas municipales a personas vinculadas a esos partidos sin haber pasado por ningún proceso de selección de personal que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a un puesto de trabajo público”. “Es lamentable -afirma el comunicado- que el alcalde de Cartaya vuelva a traicionar lo que decía cuando estaba en la oposición; es decir, que no sobraban trabajadores en el Ayuntamiento y que había que regularizar la situación laboral de los empleados municipales mediante un plan que tuviese como principal criterio la antigüedad en el acceso a la fijeza en el puesto de trabajo”. Estos despidos, considera IU, “son parte de la ofensiva que despliega el PP en todos los ámbitos de la administración en contra de los servicios públicos”. Ofensiva que “en el caso de Cartaya tiene a ICAR y al PA como fieles comparsas”. Izquierda Unida asegura que “apoyará cuantas acciones lleven a cabo los trabajadores municipales en defensa de sus puestos de trabajo y de los servicios públicos, y exige la inmediata marcha atrás en esa decisión del equipo de gobierno”.
UPyD aunque está en la oposición no suele hacer comentarios críticos sobre las actuaciones del alcalde.
El alcalde de Cartaya, Juan Polo , achacó el despido de 17 trabajadores municipales responde a "motivos económicos" puesto que el Consistorio "debe cumplir el plan de ajuste" de cara al próximo año 2013.
El primer edil rechazó que, como afirman PSOE e IULV-CA, estos despidos respondan a causas ideológicas y subrayó que los servicios públicos "están garantizados".
Polo informó que junto con los servicios jurídicos, el equipo de Gobierno se reunió con los afectados y la presidenta del comité de empresa para "dar la cara y explicar la situación" debido a que los despidos se deben a "razones económicas" al objeto de cumplir el plan de ajuste.
El alcalde explicó Polo que en 2012 "se ha cumplido con el plan de ajuste" y para 2013 "se contemplaba una rebaja de la masa salarial" y por ello, "se ha intentado despedir al menor número posible de empleados". En consecuencia, adelantó que, si en el mes de junio, ve que, "pese a las medidas de austeridad no se cumple el objetivo presupuestario, tendrá que tomar más medidas". "Ante la falta de propuestas del comité de empresa, como regidor local, lamentablemente, tengo que tomar decisiones", indicó, ya que, en caso contrario, "dentro de dos meses la plantilla se quedaría sin cobrar".
¿Que es lo que indica la oposición?
El PSOE de Cartaya ha asegurado, tras anunciarse el despido a 17 trabajadores municipales por parte del alcalde de la localidad, el independiente Juan Miguel Polo, que el equipo de Gobierno (ICAR, PP y PA) está “atacando a los servicios públicos”. Asimismo, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartaya, Alexis Landero, aseguró que el alcalde, Juan Polo, está “obsesionado en destrozar y desmantelar lo que al anterior gobierno socialista tanto trabajo le costó construir y todo porque gobierna desde el odio y el rencor al Partido Socialista”. Del mismo modo, Landero señaló que estos 17 trabajadores pertenecen, entre otras, a las áreas de inmigración, deportes y cultura (entre ellos algunos que llevan más de 20 años desempeñando ese puesto de trabajo, además de otras con alguna discapacidad). En este sentido, apuntó que hay servicios como en el caso de inmigración, que desaparecerían. Con respecto al área de inmigración, el representante socialista mostró su extrañeza porque hasta el momento era un servicio asignado al Partido Andalucista, por tanto, “no se sabe que se tiene guardado para esta aliado de gobierno a partir de ahora o si realmente está actuando con un programa oculto”. Para Landero, con este nuevo “castigo” a los cartayeros este equipo de Gobierno (ICAR, PP y PA) con su alcalde Juan Polo demuestra que no gobierna para los ciudadanos sino para los intereses del Partido Popular”. Y, mientras “el Partido Socialista defiende los servicios públicos el Gobierno Tripartido pretende destrozarlos”, subrayó. Por último, el portavoz socialista indicó que desde que este municipio está en manos de un gobierno Tripartito sólo han cometido “errores” que “empeoran y dañan la situación de los cartayeros”.
Por su parte, IU ha rechazado en un comunicado los 17 despidos anunciados hoy por el alcalde de Cartaya en una reunión que ha mantenido con las personas afectadas por la medida. IU considera que esos despidos, que se harán efectivos a mediados del próximo mes de diciembre, “no obedecen a ningún criterio de organización interna del Ayuntamiento ni buscan ahorro de costes laborales o la mejora de los servicios municipales”. Se trata, asegura el comunicado, de despidos “de carácter político debido a la supuesta identificación ideológica de algunas personas afectadas con el anterior gobierno municipal”. Los despidos, además, se producen para IU “después de que el gobierno formado por ICAR, PP y PA haya enchufado en distintas áreas municipales a personas vinculadas a esos partidos sin haber pasado por ningún proceso de selección de personal que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a un puesto de trabajo público”. “Es lamentable -afirma el comunicado- que el alcalde de Cartaya vuelva a traicionar lo que decía cuando estaba en la oposición; es decir, que no sobraban trabajadores en el Ayuntamiento y que había que regularizar la situación laboral de los empleados municipales mediante un plan que tuviese como principal criterio la antigüedad en el acceso a la fijeza en el puesto de trabajo”. Estos despidos, considera IU, “son parte de la ofensiva que despliega el PP en todos los ámbitos de la administración en contra de los servicios públicos”. Ofensiva que “en el caso de Cartaya tiene a ICAR y al PA como fieles comparsas”. Izquierda Unida asegura que “apoyará cuantas acciones lleven a cabo los trabajadores municipales en defensa de sus puestos de trabajo y de los servicios públicos, y exige la inmediata marcha atrás en esa decisión del equipo de gobierno”.
UPyD aunque está en la oposición no suele hacer comentarios críticos sobre las actuaciones del alcalde.
jueves, 22 de noviembre de 2012
IU se une al carro
Parece que nuestro analisis ha hecho algo de mella en algunos partidos políticos y parece que al fín, no solamente el PSOE empieza a escuchar que existen reivindicaciones desde Nuevo Portil. Aunque quizás parece que nos lo incluyen de relleno el resultado es lo que nos importa y es que Izquierda Unida de Cartaya va a proponer que El Rompido y Nuevo Portil tenga una presencia permanente de Policia Local, aunque en la argumentación solo habla de datos de El Rompido (por eso parece un poco de relleno) lo que importa es que pide también para Nuevo Portil
miércoles, 21 de noviembre de 2012
No hubo bajas en el Padron
Parece que una familia haciéndose eco de la noticia publicada pudo rectificar la solicitud de baja que el Ayuntamiento de Cartaya iba a realizar por un error administrativo. Nos congratula que hayamos podido ayudar rectificar ese error
martes, 20 de noviembre de 2012
Parece que la candidata favorita de Cartaya para la privatización encuentra problemas
Hay que recordar que el alcalde con el PP han sido defensores de la privatización del agua y quien tiene más opciones para conseguirlo es Aquealia. Dicho esto indicamos que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado el recurso interpuesto por la empresa Aqualia contra las tarifas de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) de 2011, una sentencia que, unida a las que ya se han producido en distintos ámbitos judiciales, "avala el sistema de precios públicos de Giahsa y echa por tierra la estrategia de la empresa privada de judicializar las relaciones económicas entre ambas entidades" al objeto de eludir o retrasar el pago de 2,6 millones de euros por el agua potable que compra a la empresa onubense y que luego revende a sus clientes de poblaciones como Lepe, Moguer, Bollullos o Valverde.
Según informó Giahsa en una nota, la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA desestima el recurso interpuesto por Aqualia y considera "conforme al ordenamiento jurídico" el acuerdo del Pleno de MAS por el que se establecía la ordenanza reguladora de la tasa por distribución de agua que estuvo vigente durante el año 2011, y específicamente en relación al concepto "suministro de agua en alta". Por su parte, desde Aqualia han remarcado a Europa Press que la sentencia no es firme y que la va a recurrir.
A juicio de Giahsa, hasta ahora la estrategia de Aqualia ha sido recurrir judicialmente cada año las tarifas aprobadas por MAS y, también hasta ahora, "los tribunales han dado siempre la razón a la Mancomunidad". Ha destacado que la tarifa de agua en alta regula el precio que otras empresas o ayuntamientos -en casos como La Palma, que gestiona el agua directamente- deben abonar a Giahsa por la labor de potabilizar y distribuir el agua hasta los depósitos generales de esos municipios. Esta labor supone "unos costes por metro cúbico en los que incurre la empresa de MAS y que, según establece nuevamente esta sentencia del TSJA, se corresponden con los que se reflejaron en las tarifas aprobadas por el Pleno mancomunado".
Aunque dichos costes son incorporados a los respectivos sistemas tarifarios y repercutidos a los ciudadanos en su factura por Aqualia y los ayuntamientos, estas entidades "vienen retrasando los pagos todo lo que pueden". Es decir, que tanto el ayuntamientos de La Palma como Aqualia en cuanto prestadora del servicio en Lepe, Moguer, Bollullos o Valverde "están cobrando a los ciudadanos por un agua que ellos no pagan, en unos casos parcialmente y en otros en su totalidad".
Según informó Giahsa en una nota, la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA desestima el recurso interpuesto por Aqualia y considera "conforme al ordenamiento jurídico" el acuerdo del Pleno de MAS por el que se establecía la ordenanza reguladora de la tasa por distribución de agua que estuvo vigente durante el año 2011, y específicamente en relación al concepto "suministro de agua en alta". Por su parte, desde Aqualia han remarcado a Europa Press que la sentencia no es firme y que la va a recurrir.
A juicio de Giahsa, hasta ahora la estrategia de Aqualia ha sido recurrir judicialmente cada año las tarifas aprobadas por MAS y, también hasta ahora, "los tribunales han dado siempre la razón a la Mancomunidad". Ha destacado que la tarifa de agua en alta regula el precio que otras empresas o ayuntamientos -en casos como La Palma, que gestiona el agua directamente- deben abonar a Giahsa por la labor de potabilizar y distribuir el agua hasta los depósitos generales de esos municipios. Esta labor supone "unos costes por metro cúbico en los que incurre la empresa de MAS y que, según establece nuevamente esta sentencia del TSJA, se corresponden con los que se reflejaron en las tarifas aprobadas por el Pleno mancomunado".
Aunque dichos costes son incorporados a los respectivos sistemas tarifarios y repercutidos a los ciudadanos en su factura por Aqualia y los ayuntamientos, estas entidades "vienen retrasando los pagos todo lo que pueden". Es decir, que tanto el ayuntamientos de La Palma como Aqualia en cuanto prestadora del servicio en Lepe, Moguer, Bollullos o Valverde "están cobrando a los ciudadanos por un agua que ellos no pagan, en unos casos parcialmente y en otros en su totalidad".
lunes, 19 de noviembre de 2012
El desastre del tablón del Ayuntamiento Cartaya
Hace pocos días nos acercamos por el Ayuntamiento a realizar unas gestiones y nos dio por mirar el tablón de sorpresa y cual fue nuestra sorpresa que sigue documentación del año 2008 o más. Creo que alguien no esta haciendo su trabajo
domingo, 18 de noviembre de 2012
Comunicado de Kaló sobre suspensión de concierto en Nuevo Portil
Os pedimos disculpas a todos aquellos que habéis incorporado el concierto de esta tarde de Perversiones en Kaló en vuestra agenda, pero nos vemos obligados a cancelarlo.
De todas formas, Kaló estará abierto a partir de las 17 horas para que todos los que queráis disfrutar de un buen té, café o copita rodeado del mejor ambiente y la mejor música. Para los más lanzados, recordaros que disponemos de un piano y una guitarra. Y para los más callados, podéis disfrutar de uun buen rato leyendo un libro de nuestro BiblioKaló.
De todas formas, Kaló estará abierto a partir de las 17 horas para que todos los que queráis disfrutar de un buen té, café o copita rodeado del mejor ambiente y la mejor música. Para los más lanzados, recordaros que disponemos de un piano y una guitarra. Y para los más callados, podéis disfrutar de uun buen rato leyendo un libro de nuestro BiblioKaló.
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