EL Tribunal Superior de Justicia pide que investigue al Ayuntamiento de Cartaya por una posible malversación de caudales públicos

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha instado a la Fiscalía a investigar al Ayuntamiento de Cartaya por el supuesto pago de indemnizaciones laborales a trabajadores a cargo de una subvención de 288.627 euros destinada a una escuela infantil, entre los que se encontraba un empleado municipal cuyo despido fue declarado improcedente por el Juzgado de lo Social número 1 de Huelva, siendo confirmada la sentencia también por el alto tribunal andaluz.

  Según reza en la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez considera que se podría haber cometido prevaricación administrativa y una malversación de caudales públicos.

  Los trabajadores afectados, incluidos el denunciante, recibieron un cheque con 8.521 euros en diciembre de 2012 (por retrasos de pagas extras y algunas nóminas) ofertando el mismo día el Ayuntamiento el abono del conjunto de lo atrasado, a condición de que suscribieran un documento de saldo y finiquito renunciado al ejercicio de acciones.

De los 16 afectados, 13 se negaron a firmarlo, únicamente el pago de las nóminas, y fueron abonados los atrasos, pero los tres que sí firmaron cobraron todas las indemnizaciones el mismo día, según relata el juez, recibiendo el demandante unos días después "un cheque con importe de 9.810 euros en concepto de indemnización por extinción de contrato por causas objetivas".

Por ello, el juez considera que se podría haber cometido prevaricación administrativa y una malversación de caudales públicos, dada no sólo la desviación de la finalidad de los caudales públicos como también la existencia de indicio de irregularidad en el uso de esa subvención finalista, destinada para una escuela infantil, por vía de prevaricación ("dada la aparente arbitraria, irrazonable y flagrante contrariedad a las normas jurídicas de la resolución que decidió modificar dicha finalidad").

Por estos motivos, ve "oportuno" que se investiguen las posibles responsabilidades administrativas, penales y contables que puedan derivarse de la decisión y la suficiencia del marco legal eventualmente utilizado, acordándose el envío a la Fiscalía provincial de Huelva para su oportuna investigación.