LA POLICIA LOCAL DE CARTAYA A LA CARGA

La Policía Local de Cartaya parece ‘patrullar’ hacia un callejón sin salida, sobre todo teniendo en cuenta que como los mismos agentes lamentan, el alcalde de la localidad, el independiente Juan Polo, “ha roto” el diálogo social entre el Ayuntamiento y el sindicato que los representa, el CSIF, y “no quiere saber nada” del asunto. Así lo ha asegurado este miércoles Juan Damián Delgado, representante laboral en el Consistorio de dicho sindicato, quien ha añadido que no obstante los agentes no van a parar en sus protestas, por lo que ya estudian nuevas movilizaciones, “hasta que se solucionen las carencias que tenemos en cuanto a medios materiales, técnicos y humanos”. Dentro de este marco, los casi 30 agentes que integran la plantilla de la Policía Local de Cartaya han vuelto a protagonizar una nueva y sonora protesta a las puertas del edificio consistorial, que posteriormente han extendido a las principales calles del centro de la localidad, durante la que han entregado octavillas entre los ciudadanos explicando su situación y sus reivindicaciones que, aseguran, “no son de carácter económico”. Por otra parte, el CSIF ha indicado en un comunicado que desde que el sindicato anunciara hace unas semanas públicamente una “batería de denuncias” sobre las “irregularidades” en las dotaciones y los medios de la Policía Local de Cartaya, el alcalde, aunque ha mantenido un encuentro con miembros de la plantilla “no ha contactado con esta central sindical para abordar en profundidad los problemas del colectivo e informarse de las acciones legales que se van a presentar”. En este sentido Delgado ha lamentado durante la protesta de este miércoles que el alcalde les dijera en dicho encuentro que la negociación “estaba rota” y que él se iba a limitar a “intentar cumplir la ley”. Una postura, la del alcalde, que para el representante sindical “enroca aún más, y lo endurece” un conflicto que actualmente está “estancado y no evoluciona para positivo” ante lo que añadió que “esperamos que haya una reacción por parte del resto de miembros del equipo de Gobierno por tratarse de un tripartito formado por tres partidos (Icar, PP y PA) porque la seguridad de un pueblo no se puede quedar en el aire”. Preguntado por los periodistas sobre el motivo de la postura del alcalde, Delgado ha afirmado que aunque “habría que preguntarle a él, supongo que el diálogo se ha roto por nuestras movilizaciones y protestas en la calle”. Por otra parte los agentes han vuelto a manifestarse, según ha indicado Delgado en el comunicado del CSIF “ante la falta de concreción del primer edil para solucionar los graves problemas de los agentes” ya que “en vez de centrarse en conocer a fondo las carencias de la Policía Local y los incumplimientos del Ayuntamiento, Polo está más preocupado en echar balones fuera y aplacar los ánimos después de que CSIF pidiera su dimisión y la del concejal de Seguridad, Domingo Crespo”."

Por otra parte, y también a preguntas de los periodistas, el representante sindical ha subrayado que todas sus reivindicaciones “son prioritarias, tanto para la seguridad de los agentes, como para la de los propios ciudadanos”. En este sentido ha asegurado que el equipo de Gobierno tripartito “ha intentado eludir su responsabilidad sobre el control y la revisión del armamento argumentando que era competencia de los propios agentes”. Algo que, desde CSIF, se ha negado tajantemente ya que “las armas son propiedad del Consistorio”. Así, el CSIF insta al alcalde de Cartaya a “poner todos los medios necesarios para garantizar la seguridad de los policías y de los propios ciudadanos” y le recuerda que “además de dificultar su labor”, se está asumiendo “un altísimo riesgo en cada intervención: los coches de sustitución no cuentan con el equipamiento necesario (extintor, botiquín, linternas, chalecos antibalas), los agentes no tienen acreditación profesional ni funda anti hurto para las armas, tampoco placa policial” afirman. Además, a día de hoy, los agentes llevan ya más de dos años sin pasar el obligatorio reconocimiento médico, o “no existe cuadrante oficial para organizar el trabajo, aunque por ley -añaden- debe estar negociado y cerrado a principios de año y, de esta forma, planificar los turnos, los descansos, las vacaciones o los festivos”. Delgado también ha querido dejar claro en declaraciones a los periodistas a las puertas del Ayuntamiento que sus reclamaciones “no son económicas” y que sólo se centran en la precariedad laboral de la plantilla, en la falta de medios materiales, técnicos y humanos, y en la inseguridad que todo esto está generando en un municipio “sin apenas presencia policial en las calles de sus tres núcleos urbanos: Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil”. En este sentido, en la octavilla que han repartido entre los ciudadanos este miércoles, los agentes realizan una comparativa en cuanto a medios humanos y de vehículos entre la situación de la Policía Local de Cartaya y las de localidades del entorno de similares características en la que aseguran que mientras en Cartaya, con 20.000 habitantes, hay 30 agentes y un solo vehículo, en Lepe, con 27.000 habitantes son 60 agentes y cuentan con una decena de vehículos. Por otra parte en Punta Umbría (14.000 habitantes), hay 50 policías locales con 9 vehículos; y por último en Almonte (22.000 habitantes), hay 60 policías y una decena de vehículo


Todas estas deficiencias, junto a otras muchas que ha venido denunciado el sindicato, se presentarán ante la Subdelegación del Gobierno, la Intervención de Armas de la Guardia Civil, la Jefatura Provincial de Tráfico, la Inspección de Trabajo por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y la Fiscalía. En este último caso, CSIF recuerda que el alcalde “está contratando a vigilantes de seguridad privada que realizan funciones propias de la Policía Local, lo que podría constituir un presunto delito de usurpación de funciones”. SUPONEMOS QUE SE REFIEREN A LOS VIGILANTES DE LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN

Por último, y también preguntado por los periodistas sobre la querella interpuesta contra él por el alcalde de Cartaya por unas presuntas declaraciones a la prensa, Delgado ha afirmado estar “totalmente tranquilo” porque “tengo las grabaciones de todo lo que he dicho” y porque “mi obligación es velar por la seguridad de mis compañeros como responsable de tal materia”. “Si es un hecho criminal denunciar que no se han realizado los reconocimientos médicos obligatorios a los agentes desde hace más de dos años, cuando es responsabilidad del alcalde, no comparto su postura”