Desde primera hora de la mañana fueron cayendo en manos del Ayuntamiento de Cartaya, una por una y como si de un castillo de naipes se tratase, las instalaciones adscritas a la gestión del ciclo integral del agua y los residuos sólidos urbanos que la empresa pública Giahsa gestiona en el término municipal.
Estaciones de bombeo, el punto limpio de la localidad y el depósito municipal fueron ocupados progresivamente por el segundo teniente de alcalde, el popular Gabriel Maestre, acompañado de varios funcionarios municipales, la Policía Local y técnicos de Aqualia, empresa adjudicataria del servicio de gestión integral del agua en el municipio, tras la ruptura del Consistorio con Giahsa y la Mancomunidad de Servicios (MAS).
Los representantes municipales se fueron haciendo poco a poco con todo, hasta llegar al punto donde más tensión se vivió: la depuradora de El Rompido. Dos operarios encargados de su mantenimiento intentaron impedir la entrada de la comitiva municipal y los técnicos de Aqualia. Fue entonces requerida la presencia de la Guardia Civil y, aproximadamente a las 14:00, tras una larga espera, sus puertas se abrieron. Había caído la última plaza.
Mientras tanto, Giahsa denunciaba ante la Guardia Civil de Cartaya y los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la ocupación de sus instalaciones, que calificó de "asalto" y de "graves hechos", cometidos "sin mediar ningún tipo de aviso".
En el escrito presentado ante los Juzgados, al que ha tenido acceso Huelva Información, se pone de manifiesto que con fecha de 1 de febrero de 2013, la Policía Local de Cartaya, acompañada de personal al servicio de la Corporación Local y de operarios de la concesionaria "elegida irregularmente" por vía de emergencia, "en cumplimiento de lo ordenado por el Alcalde-Presidente, ha procedido a la ocupación y precinto de las siguientes instalaciones adscritas a la prestación de los servicios públicos mancomunados situadas en el término municipal de Cartaya: Punto Limpio, Depósito regulador y EDAR".
Unos hechos que según el escrito "demuestran la absoluta temeridad y mala fe" de los representantes de la Corporación local, quienes, "pese a las advertencias realizadas y con desprecio absoluto de la jurisprudencia constitucional", procedieron a ejecutar los acuerdos plenarios "impugnados" sin esperar a que se produzca un pronunciamiento del Juzgado sobre las medidas cautelares interesadas, "lo que supone de facto el vaciamiento del derecho a la tutela judicial efectiva de esta parte".
El escrito también pone de manifiesto la "gravedad" de los hechos y el "perjuicio irreparable que generan para la normal prestación de los servicios públicos mancomunados", encomendados a Giahsa, así como la "temeridad" de las actuaciones del Consistorio.
Especial hincapié se hace en que tras la ocupación "se han cortado" las comunicaciones centralizadas de telecontrol de las instalaciones, "lo que genera un grave riesgo para la normal prestación de los servicios, afectando a los municipios colindantes y a multitud de usuarios, generando un grave riesgo para la salud pública. Dicho en términos gráficos -prosigue- la temeraria actuación del Ayuntamiento de Cartaya ha cortocircuitado el sistema de telecontrol de Giahsa, lo que afecta al resto de municipios".
En este sentido puntualiza que "la salida de un municipio de la MAS debe hacerse con un preaviso no inferior a 6 meses, precisamente para evitar estos perniciosos efectos". Por ello, finalmente se "suplica al juzgado" que admita el escrito y "acuerde la suspensión inmediata e inaudita de la ocupación de los bienes e instalaciones afectos al servicio público hasta que se resuelva la medida cautelar interesada".
Según indicó MAS en un comunicado, esta actuación es "impropia de una Administración pública, rebasa las más elementales reglas y supone una burla a la legalidad y a las posibles decisiones de los tribunales de Justicia". Además, "esta ocupación por la vía de la fuerza está generando también consecuencias negativas para los ciudadanos de otros municipios, puesto que la operatividad de algunas estas instalaciones no se circunscribe únicamente a los dos núcleos de población cartayeros".
Desde MAS, se mosró el rechazo "más absoluto" hacia esta forma "completamente intolerable de apoderarse, por la fuerza y sin atender a razón alguna, de las instalaciones mancomunadas".
Las agrupaciones locales del PSOE e IU no tardaron en condenar la ocupación. Fuentes socialistas tacharon la actuación municipal como "más propia de otros tiempos" y de "antidemocrática" ya que "el concejal popular, Gabriel Maestre, se ha saltado una decisión judicial".
IU tildó, en un comunicado, el asalto como "un acto de vandalismo", en el que "un miembro del gobierno municipal ha implicado de forma irresponsable a técnicos del Ayuntamiento y a agentes de la Policía Local". Según IU, Maestre "se ha personado en esas instalaciones y ha cambiado las cerraduras de las mismas para impedir que Giahsa siga ofreciendo el servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas". Para la coalición izquierdista "se pone de manifiesto el más absoluto desprecio por parte de ICAR, PP y PA hacia los procedimientos legales más elementales, así como hacia los trabajadores de Giahsa".
Fuentes del Ayuntamiento desmintieron "rotundamente" todas las acusaciones
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