Estrategias para la protección de la Costa de Huelva. Este es el nombre del polémico documento que el pasado 19 de febrero presentó en Huelva la Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar y en el que han participado, durante año y medio, técnicos y científicos tanto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex).
Ante la regresión del litoral onubense, que pierde arena de forma continua y requiere una aportación periódica de esta, el informe técnico analiza el frente costero de la provincia, entre las desembocaduras de los ríos Guadiana y Guadalquivir, basándose para ello en todos los trabajos y datos efectuados en la zona.
Tras el análisis correspondiente, el documento identifica las zonas conflictivas y apunta diversas soluciones teniendo en cuenta las variables que conforman el problema, incluyendo entre ellas la urbanización que se asienta en la zona y los múltiples valores paisajísticos, ambientales y de todo tipo del área.
Sin embargo, el plan no marca ni plazos ni presupuesto alguno para la ejecución de mejoras en las playas y (más allá del anuncio previo de actuaciones urgentes en Isla Canela y Matalascañas) no deja de ser un nuevo diagnóstico del estado de la Costa -tal y como lo denominó el PP local a inicios del año pasado, cuando lo anunció-. Aunque la competente es Costas, ya entonces animaban desde las filas populares al resto de administraciones -Puerto, Junta y Diputación- a ser partícipes de la solución de este problema histórico, lo que provocó críticas en cuanto el reparto de la ejecución en el seno de estas tres administraciones que aún persisten.
La ausencia de aportaciones nuevas -técnicos de la Universidad de Huelva y de la Junta ya establecieron idénticas conclusiones en diagnósticos anteriores sobre la Costa- y la imposibilidad de consultar el documento en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, hasta una semana después de ser presentado en Huelva por el director para la Sostenibilidad de la Costa, Pablo Saavedra (el responsable aseguró que esa misma noche estaría disponible), también ha generado críticas de las que el pasado miércoles se hizo eco la alcaldesa de Isla Cristina y vicepresidenta de la Diputación, María Luisa Faneca, durante el pleno provincial.
Más allá de la polémica, a nivel técnico, el estudio señala como zonas prioritarias de actuación Matalascañas e Isla Canela, encontrándose en un segundo nivel las actuaciones necesarias en las playas de Isla Cristina, La Antilla, El Portil y Mazagón.
La Flecha del Rompido sufre un proceso dinámico activo que requiere "un seguimiento continuo" y la evolución de su punta, según el diagnóstico, hace que las playas a barlomar -orientadas hacia el lugar donde procede el viento- se encuentren en riesgo de erosión.
De esta forma, los técnicos ven "necesario" hacer un seguimiento de El Portil y la Bota, que podrían requerir una realimentación de arena proveniente del canal de la Flecha del Rompido o una retroalimentación proveniente de Punta Umbría.
El panorama futuro, con la subida del nivel del mar debido al cambio climático "agravará la situación con una pérdida de playa seca importante que hace que zonas de La Flecha del Rompido se puedan encontrar en un futuro con problemas importantes". Estas razones hacen que en este tramo de Costa sea necesario que se prevean actuaciones futuras que mitiguen esa vulnerabilidad, según consta en el informe.
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