¿Entidad de Conservación denunciada a la Fiscalia?

Una semana después de que el sindicato CSIF anunciara la presentación de una batería de denuncias sobre las “irregularidades” en las dotaciones y los medios de la Policía Local de Cartaya, el alcalde de la localidad, Juan Polo (Icar), aunque ha mantenido un encuentro con miembros de la plantilla “no ha contactado con esta Central Sindical para abordar en profundidad los problemas del colectivo e informarse de las acciones legales que se van a presentar”. De hecho, durante la acción de protesta que los agentes de la Policía de Cartaya han vuelto a protagonizar este lunes a las puertas del edificio consistorial, el representante del CSIF en el Ayuntamiento costero, Juan Damián Delgado, ha lamentado que el alcalde les dijera en dicho encuentro que la negociación “estaba rota” y que él se iba a limitar a “intentar cumplir la ley”. Una postura la del alcalde cartayero que para el representante sindical “enroca aún más el conflicto y lo endurece” ante lo que añadió que “esperamos que haya una reacción por parte del resto de miembros del equipo de Gobierno por tratarse de un tripartito formado por tres partidos (Icar, PP y PA) porque la seguridad de un pueblo no se puede quedar en el aire”. Los agentes han vuelto a manifestarse, según ha indicado por otra parte Delgado en un comunicado del CSIF “ante la falta de concreción del primer edil para solucionar los graves problemas de los agentes. En vez de centrarse en conocer a fondo las carencias de la Policía Local y los incumplimientos del Ayuntamiento, Polo está más preocupado en echar balones fuera y aplacar los ánimos después de que CSIF pidiera su dimisión y la del concejal de Seguridad, Domingo Crespo”. Igualmente asegura que el equipo de Gobierno tripartito “ha intentado eludir su responsabilidad sobre el control y la revisión del armamento argumentando que era competencia de los propios agentes”. Algo que, desde CSIF, se ha negado tajantemente ya que “las armas son propiedad del Consistorio”. Por todo ello, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios se insta al alcalde de Cartaya a “poner todos los medios necesarios para garantizar la seguridad de los policías y de los propios ciudadanos”. De igual forma, desde la organización se recuerda que “además de dificultar su labor”, se está asumiendo “un altísimo riesgo en cada intervención: los coches de sustitución no cuentan con el equipamiento necesario (extintor, botiquín, linternas, chalecos antibalas), los agentes no tienen acreditación profesional ni funda anti hurto para las armas, tampoco placa policial” afirman. Además, a día de hoy, “no existe cuadrante oficial para organizar el trabajo, aunque por ley -añaden- debe estar negociado y cerrado a principios de año y, de esta forma, planificar los turnos, los descansos, las vacaciones o los festivos”. Delgado también ha querido dejar claro en declaraciones a los periodistas a las puertas del Ayuntamiento que sus reclamaciones “no son económicas” y que sólo se centran en la precariedad laboral de la plantilla, en la falta de medios materiales, técnicos y humanos, y en la inseguridad que todo esto está generando en un municipio “sin apenas presencia policial en las calles de sus tres núcleos urbanos: Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil”.

Todas estas deficiencias, junto a otras muchas que ha venido denunciado el sindicato, se presentarán ante la Subdelegación del Gobierno, la Intervención de Armas de la Guardia Civil, la Jefatura Provincial de Tráfico, la Inspección de Trabajo por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y la Fiscalía. En este último caso, CSIF recuerda que el alcalde “está contratando a vigilantes de seguridad privada que realizan funciones propias de la Policía Local, lo que podría constituir un presunto delito de usurpación de funciones”.

Esta última frase es lo que nos hace pensar que se ha denunciado el servicio de vigilancia de la Entidad de Conservación