Izquierda Unida considera que el asalto perpetrado por el segundo teniente de alcalde y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cartaya, Gabriel Maestre, a las instalaciones que la empresa pública GIAHSA gestiona en el municipio es un acto de vandalismo, en el que ese miembro del gobierno municipal ha implicado de forma irresponsable a técnicos del Ayuntamiento y a agentes de la Policía Local. Maestre se ha personado en esas instalaciones y ha cambiado las cerraduras de las mismas para impedir que GIAHSA siga ofreciendo el servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas, cuya prestación ICAR, PP, PA y UPyD han privatizado mediante su entrega a Aqualia.
El asalto se ha producido sin respetar el plazo de tres días decretado por la juez para estudiar la concesión del servicio a Aqualia, plazo que vencía el próximo lunes. Durante el asalto, el segundo teniente de alcalde ha expulsado a los trabajadores de GIAHSA que desarrollaban su labor en las tres instalaciones violentadas.
Izquierda Unida considera que hechos como éstos ponen de manifiesto el más absoluto desprecio por parte de ICAR, PP y PA hacia los procedimientos legales más elementales, así como hacia los trabajadores de GIAHSA vinculados a Cartaya. Estos últimos se han encontrado con la negativa frontal del gobierno municipal a ser asumidos en su totalidad por el Ayuntamiento, que sólo quiere hacerse cargo de ocho de ellos, es decir, de la mitad. De esa forma, el alcalde de Cartaya, Juan Miguel Polo, incumple su promesa de asumir a estos trabajadores, para lo cual pone como excusa que parte de ellos no prestaba sus servicios directamente en el municipio.
IU sospecha que detrás de la negativa a sumir a los trabajadores de GIAHSA vinculados a Cartaya está el interés de ICAR, PP y PA de decirle a Aqualia quién debe y quién no debe trabajar en el abastecimiento y saneamiento de aguas en el municipio tras haberle adjudicado a esa empresa privada el servicio, extendiendo así a esa actividad el enchufismo que se practica en el Ayuntamiento.
Izquierda Unida exige al gobierno municipal de Cartaya que dé marcha atrás y respete el plazo dado por la juez para el estudio de la concesión del servicio a Aqualia, de manera que ésta se pueda pronunciar sobre la legalidad o no de esa decisión. IU exige también que mientras no se produzca el pronunciamiento de la juez, el servicio se mantenga como hasta ahora y los trabajadores que lo prestan puedan desarrollar su actividad sin amenazas ni coacciones por parte del gobierno municipal de ICAR, PP y PA.
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