Sigue la problematico de los terrenos del AVE, aunque el arbitraje judicial ha dado vía libre al Ayuntamiento para intervenir en el desalojo de la primera de las empresas de Las Metas, Weickert y Martín Agrícola SA. La entidad expropiada (cuyas instalaciones están rodeadas ya por las obras de la infraestructura ferroviaria), volvió a mover ficha ayer contra una denunciada situación de "indefensión", después de que en el Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo se diera cuenta de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que desestima el recurso de apelación interpuesto por el concesionario de maquinaria agrícola para que se suspendiera cautelarmente la orden de desalojo dictada hace un año por el Ayuntamiento.
La entidad mercantil presentó ayer ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este mismo tribunal un nuevo recurso de apelación -incidente de ampliación de sentencia, al que ha tenido acceso este diario-, instando al juez a "completar" un dictamen que, a juicio de esta empresa, está obviando elementos determinantes: "El mismo acto cuya impugnación por ampliación solicitamos reconoce paladinamente -se apunta en la apelación- que [el conflicto en cuestión] trata de los terrenos en que se ubica nuestra actividad comercial, que se destina pura y simplemente a su destrucción. Se aprovechará el suelo, pero no la superficie, que se entrega a la piqueta, sin valorar ni pagar, como una confiscación de bienes que el mismo Ayuntamiento ha declarado deben ser indemnizados".
Weickert y Martín SA entiende que dicha confiscación es "radicalmente antijurídica", por la falta de compensación por los inmuebles -que ocupan una superficie de más de 15.000 metros cuadrados- "donde sigue funcionando la empresa con más de veinte empleados, que quedarían sin empleo". En esta línea, se esgrime en la impugnación que, no habiéndose pagado la indemnización por todo el patrimonio que se va a demoler, "la ocupación inmediata de los terrenos pretendida por la Administración equivale a la confiscación proscrita por el artículo 33 de la Constitución, pues se aniquila una empresa con un coste cero efectivo para la administración beneficiara (en este caso, la Junta de Compensación del Ensanche Sur, cuyo propietario de más peso es el Grupo Trusam, que compró las Marismas del Titán en 2004).
En base a este argumentario, el concesionario emplaza al TSJA a ampliar la sentencia dictada el 25 de noviembre y desautorice al Consistorio a la entrada a domicilio para proceder al desalojo de las instalaciones de Las Metas, mientras no se pague el justiprecio de los inmuebles.
En esta controversia hay un segundo frente abierto, la vecina nave de Construcciones Metálicas Garpe, cuyo desalojo ha empezado a tramitar la Gerencia Municipal de Urbanismo por la vía administrativa.
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