En la denuncia , el exedil socialista afirma que ayer, siendo las 09:30 y encontrándose en la plaza Redonda de Cartaya, "se le acercó Juan Miguel Polo Plana, haciéndole señales para comentarle algo". Cuando estaban próximos, prosigue Millán en el testimonio de la denuncia, "en un tono alto y gesticulando le vino a decir que si J.J.M.P. no retiraba la denuncia que tenía puesta contra él, abriría expediente para demoler el estudio bajo cubierta de su hija R.M.M".
El exalcalde afirma en su denuncia que, al mostrar "extrañeza" ante las palabras de Polo, éste "le dio a entender que el dicente (por Millán) estaba detrás de la denuncia de J.J.M.P.", y que Polo "volvió a insistir en que denunciaría el estudio si mañana (por hoy jueves) no se retiraba la denuncia". Millán alega en su denuncia que "escuchó retirándose del lugar sin abrir la boca" y que el estudio de su hija al que se refirió Polo "lleva más de diez años construido, careciendo en todo momento de ningún tipo de expediente en infracción".
El actual alcalde independiente cartayero se refería al caso que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte por el que está imputado por un presunto delito de prevaricación tras la realización de dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable, llevadas a cabo en 1995 y 2003, cuando era concejal, al considerar que se valió de sus cargos políticos para "favorecer la construcción ilegal y la no incoación del expediente de restauración de la legalidad urbanística infringida", según reza un auto judicial de mayo de 2015.
Por su parte, Juan Antonio Millán, dijo estar "totalmente ajeno" a dicho caso y a la denuncia que contra Polo presentó "a título personal" J.J.M.P., la cual ha derivado en las diligencias de investigación abiertas por dicho juzgado ayamontino. En este sentido afirmó haber decidido denunciar al actual alcalde por sentirse "coaccionado", y porque "después de lo sucedido ayer, si no lo denunciaba, me quedaba con la sensación de estar encubriendo algo, y no es así".
Igualmente, señaló que lo de ayer es "la gota que ha colmado el vaso" ya que, según sus palabras "no es la primera vez que Polo intenta coaccionarme basándose en la supuesta ilegalidad del estudio de mi hija, que es legal y que está generalizado en Cartaya". En este sentido indicó que el actual alcalde "ya me amenazó en varios plenos cuando yo gobernaba y él estaba en la oposición, a lo que siempre le respondí que no sacase el asunto como arma arrojadiza y para confrontar, y que si tenía dudas se fuese directamente al juzgado".
"No hay ningún expediente de infracción abierto sobre el estudio de mi hija" agregó Millán, quien detalló que siendo alcalde fue "muy escrupuloso en la aplicación de la legalidad con la obra que realizó mi hija, cuyo proyecto fue modificado restando 20 centímetros de altura a la edificación para ajustarla a la norma".
Polo se mostró ayer soprendido por la denuncia e indicó a este diario que con Millán "solo hablé del tiempo" y que "todo es mentira y responde a la obsesión desde que en 2011 perdió la Alcaldía". "Solo quiero que sea feliz. Me paso el día trabajando para pagar las deudas que dejó en el Ayuntamiento y me falta tiempo para ir por ahí amenazando a nadie", subrayó.
En referencia a la denuncia a la que se refirió Polo, cabe señalar que en un auto judicial de mayo de 2015 la juez rechazó el recurso de reforma interpuesto por el primer edil señalando que debían continuarse las diligencias previas contra él por entender que de los hechos investigados "sí se desprende que existen indicios racionales de criminalidad puesto que el querellado", ocupando distintos cargos políticos, bajo las siglas del PSOE, desde 1995 y hasta finalmente convertirse en alcalde independiente de la localidad en 2011, "se prevalió de los mismos para favorecer la construcción ilegal y la no incoación del expediente de restauración de la legalidad urbanística infringida".
El juzgado, vistas las alegaciones del querellado, querellante y Ministerio Fiscal desestimó el recurso del alcalde acogiendo los argumentos expuestos por la Fiscalía, ya que si bien respecto al delito contra la ordenación del territorio "no cabría pedir responsabilidad penal por haber prescrito, ni por la comisión de un delito contra el Medio Ambiente al no acreditarse la intensidad lesiva, no ocurre lo mismo respecto al delito de prevaricación".
Cabe también señalar que por estos hechos, a principios de marzo de 2015, declaró el primer edil cartayero en el juzgado de Ayamonte, exponiendo que "cumplió todos los requisitos para construir una vivienda en 1995 y un almacén en 2003".
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