Las asociaciones de mariscadores de Nueva Umbría y Ayamonte han presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva contra la Subdelegación del Gobierno y la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía la permisividad con el marisqueo ilegal.
En la denuncia, las asociaciones alegan la falta de control, porque en la zonas cerradas a la captura de la coquina siguen faenando mariscadores a pie sin licencia, además de embarcaciones con draga hidráulica.
Los denunciantes sostienen que no hay ningún tipo de control sobre esta actividad y que ambas administraciones están permitiendo la actividad de los furtivos.
Los mariscadores aseguran que "cuando ven barcos que están pescando en zonas prohibidas llaman a las autoridades y no aparece nadie" y recuerdan que la zona de Isla Canela lleva cerrada cuatro meses y sin embargo los bañistas cogen indiscriminadamente coquinas.
Frutos de las actividades ilegales, los coquineros afirman que los caladeros están esquilmados por lo que solicitan a una Junta de Andalucía una moratoria. Las zonas de producción están a punto de agotarse a causa del elevado número de mariscadores que faenan en la actualidad este bivalvo y la sobreexplotación que provocan las embarcaciones con una capacidad de captura muy superior a los coquineros de rastro artesanal.
Las asociaciones cifran en varios centenares las personas que faenan sin licencia, pero al mismo tiempo sin ninguna cortapisa, capturando todo lo que encuentran y sin devolver los alevines al mar, mientras ellos son sometidos a una "continuo acoso" y pagan sus impuestos "religiosamente", aseguran.
Los mariscadores denuncian la pasividad de la Junta de Andalucía y la Guardia Civil para combatir estas prácticas ilegales, a pesar de las campañas que la Administración, mientras los furtivos "campan a sus anchas" por la costa.
Los coquineros solicitan a la Administración regional una solución global a la situación creada en vez de proceder a los continuos cierres de los caladeros por supuesta presencia de toxinas. Desde que comenzó el verano los cierres y aperturas de las zonas de producción han sido constantes. En concreto demandan el cierre de todo el caladero durante tres meses, que permita la regeneración del mismo y el engorde de la coquina, e indemnizaciones mensuales por el paro forzoso.
El colectivo asegura que apenas si están cogiendo un kilo al día, lo que "no da para llevar un jornal a casa". A la escasez de marisco se suman los costes que suponen a los coquineros tener que desplazarse hasta la zona.
Cuatro de las seis zonas de marisqueo del caladero de la provincia de Huelva permanecían cerradas ayer, supuestamente por la presentación de la toxina DSP.
El pasado día 4, Pesca cerró las zonas de Mazagón, Matalascañas (tras el vertido de aguas fecales de la Depuradora) y Doñana y el día 5 la zona de Punta Umbría, el pasado viernes abrió la de Mazagón que es en la que se puede pescar junto a la de Doñana.
Previamente, durante el mes de agosto, la Junta ha ido prohibiendo casi a diario el marisqueo en distintas zonas aunque la actividad se ha mantenido a causa de los furtivos. Según las asociaciones de mariscadores, el resultado es un caladero sobreexplotado desde Ayamonte hasta Matalascañas. La zona 4 (Isla Canela) solo tiene marisco inmaduro, la zona 5 (barra del Terrón) está prácticamente agotada, lo mismo que ocurre en las zonas 8 y 9 (Punta Umbría y Mazagón, respectivamente). La zona 11 corresponde a Doñana, pero en ella solo pueden faenar un grupo de 160 mariscadores, aunque éstos pueden hacerlo en el resto de la costa.
Los mariscadores aseguran que la Junta deja abiertas reiteradamente una y dos zonas para no tener que abonar las ayudas por la parada debido a la presencia de las toxinas.
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