El decreto ley publicado ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía es contundente al respecto: "Se suspende el procedimiento para la aprobación de los planes de sectorización y de los planes parciales en suelo urbanizable en los ámbitos que incluyan terrenos situados a una distancia inferior a 500 metros medidos en proyección horizontal tierra adentro". Es decir, que los municipios costeros no podrán desarrollar nuevos planes urbanísticos por ahora en una amplia zona de sus territorios: como muestra, la Ley de Costas, que con sus deslindes ha provocado tantas quejas a lo largo del litoral onubense, sólo protege 100 metros tierra adentro. Los planes aprobados no tendrán problemas.
Durante esos seis meses, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, titular de las competencias de ordenación del territorio, avanzará en la redacción del borrador del nuevo plan de protección. Este documento se situará por encima de los planes subregionales de ordenación del territorio que ya controlan el litoral y en el caso de Huelva afectará a la ordenación de los municipios de Almonte, Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Punta Umbría. En estos municipios se revisarán los proyectos previstos y, en el caso de que se detecte alguno que entre en contradicción con los requisitos de protección que se establezcan, quedarán en suspenso hasta que se finalice la redacción del plan. Dos años, en principio, aunque prorrogables: el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía tardó 11 años en ver la luz tras su formulación.
Con ese marco, los concejales de Urbanismo se afanaban ayer en determinar cuánto de sus territorios y planes de ordenación se verán afectados por la suspensión y a la espera de la redacción del nuevo plan de protección. En un escenario como el actual, los seis meses de paralización efectiva de los proyectos no es lo que más preocupa a los ayuntamientos; la crisis económica ya se había encargado de aletargar el urbanismo. Más problemas puede generar la posible extensión posterior de la suspensión de los proyectos: el futuro de los mismos tampoco queda garantizado, aun cuando el urbanismo de la Costa onubense ya había sido acotado por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad) y el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental (Potlo).
La advertencia de una nueva regulación del crecimiento urbanístico y la suspensión que conlleva la redacción del plan preocupaba especialmente ayer en Cartaya. Según datos facilitados por el propio Ayuntamiento, la propuesta afectaría a un total de 500 hectáreas de suelo bruto, de los cuales algo más de un 100 serían edificables, así como a la futura construcción en ellas de 6.524 viviendas, la mayoría de ellas (5.658) en la zona litoral del municipio (entre Cartaya y El Rompido), y el resto (598) en el casco urbano (en varios sectores ubicados cerca de La Ribera). También en el casco urbano se verían afectados 160.000 metros cuadrados de suelo industrial en los polígonos de La Barca. En la zona litoral se verían afectados los sectores turísticos 3, 5 y 6, correspondientes a El Garranchal o Ribera de Cartaya, Ciudad de Las Culturas, y la franja que se extiende entre la antigua Urberosa y el emplazamiento del desaparecido Camping Catapúm.
El concejal de Urbanismo del Consistorio cartayero, el popular Gabriel Maestre, consideraba un "fastidio" la nueva norma, puesto que el municipio "aún tiene pendientes de ejecutar muchos desarrollos urbanísticos de carácter turístico, frente a otros municipios del entorno, cuyos desarrollos están ya prácticamente agotados". Para Maestre el decreto-ley puede generar una "alarma" en el sector, además de "mucha incertidumbre e inseguridad jurídica", lo que "podría espantar a los posibles inversores interesados en unos proyectos que actualmente se encuentran en tramitación y que podría retrasar las licencias hasta dos años". Así, "nuestra valoración no puede ser positiva, porque no puede ser bueno algo que va a suponer una paralización de licencias en el sector inmobiliario".
Otra de las localidades que podrían verse más afectadas es Punta Umbría. Así lo confirmaba el responsable de Urbanismo del Ayuntamiento puntaumbrieño, el socialista Juan Pomares, quien no obstante matizó que "aún es pronto para hacer valoraciones hasta que no estudiemos el documento el profundidad, lo cual iniciaremos mañana -por hoy- con los técnicos municipales".
Por otra parte Pomares destacó que en Punta Umbría "siempre hemos tratado de preservar nuestro litoral y nuestros espacios naturales, que son nuestro principal reclamo turístico, como se puede constatar con Los Enebrales o con el hecho de poseer el 70% del término municipal protegido. No obstante -puntualizó- también es verdad que tenemos que seguir creciendo turísticamente y no nos podemos estancar en sectores como la pesca, que está muy mal, o la construcción, que está prácticamente paralizada"
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