Los chiringuitos de la costa onubense podrán abrir con normalidad este verano a pesar de que la mayoría no se ha adaptado aún a la normativa de abril de 2011, que emitió el gobierno socialista, que presidió José Luis Rodríguez Zapatero y que ahora se propone modificar el nuevo Ejecutivo del popular Mariano Rajoy. El decreto vigente se propone ordenar estos establecimientos de playa compaginando la viabilidad empresarial con el medio ambiente. Si bien, al principio, se creó un gran revuelo por las directrices estrictas de la norma, una posterior negociación con los empresarios y las comunidades autónomas afectadas logró suavizar las posturas y cerrar acuerdos. Uno de ellos fue que el sector iba a contar con un período de dos años para adaptarse. Básicamente el decreto delimitaba la superficie máxima de ocupación del dominio público terrestre (150 metros cuadrados), establecía distancias mínimas entre los establecimientos (100 metros) y con línea máxima de pleamar (6 metros). Los empresarios exigían a cambio estabilidad para sus negocios, por lo que se estableció que las concesiones tendrían licencia que podrían alcanzar el horizonte de 15 años, aunque también se podrían otorgar por periodos renovables de 5 años (hasta 3 consecutivos) para facilitar la adaptación que tienen que hacer los propietarios.
La principal pega que tienen pendiente de resolver los establecimientos playeros de Huelva se refiere al espacio máximo de ocupación, para lo que tienen todavía un año por delante. La mayoría debe reducir sus dimensiones para adaptarse a la normativa, es decir contar con un máximo de 150 metros cuadrados cerrados, con posibilidad de aumentar con otros 50 más como terraza, además de una planta sótano o en alto siempre que no supere la altura de los edificios colindantes. También quedan excluidos de estos límites todos los servicios que sean considerados de uso público y no exclusivos para clientes como aseos o accesos a la playa.
Hasta el momento, la Dirección General de Costas dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha resuelto en la provincia de Huelva 2 autorizaciones de las 67 concesiones (61 son fijas-permanentes, 4 son de temporada y otras 2 más tienen carácter intermitente). Este departamento tiene la última palabra, aunque la tramitación de las autorizaciones la lleva la Delegación Provincial de Medio Ambiente, que tiene muy avanzados otros 7 expedientes más, casi listos para que sean resueltos por Costas. Este sistema deja en manos de la buena voluntad entre administraciones la posibilidad de resolver sus diferencias sobre la aplicación de la norma.
Algunos de los establecimientos onubenses han tenido que reubicarse pero esto parece ser un tema ya cerrado tras haber llegado a acuerdos individuales con los propietarios. Precisamente fue en Matalascañas donde se recolocaron dos, que todavía están pendientes de construirse como chiringuitos fijos.
Lo cierto es que el sector está apaciguado. Los empresarios entienden que se están dando pasos adelante para resolver las autorizaciones y que existe "buena voluntad en las administraciones que han sabido flexibilizar las condiciones", según dijo el responsable de la Asociación de Chiringuitos y Concesionarios de Playa de Matalascañas, Javier Ortiz. La playa almonteña cuenta con el mayor número de chiringuitos de la costa onubense, 23 de las 67 concesiones, y también es la zona que lleva más avanzado el proceso de las autorizaciones pues las 2 que ya están concedidas a medio-largo plazo corresponden a esta playa.
El proceso se está haciendo largo y complicado porque la administración ha tenido en cuenta casi de forma individual las circunstancias de cada uno de los establecimientos que se encontraban en el litoral onubense, algunos desde hacía varias décadas. Son negocios que han ido pasando de padres a hijos en algunos casos y que han necesitado adaptarse a las nuevas circunstancias, exigencias medioambientales y de calidad turística que requieren los momentos actuales. Por eso muchos de los empresarios no tienen problema en asumir las directrices que marca el organismo que anualmente concede las banderas azules y que van en consonancia con las que recoge el decreto de abril de 2011.
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