En menos de un mes el futuro de los chiringuitos ha pasado de tormentoso a despejado. Después de un año en blanco, sin avances en la provincia, se dibuja una alianza con el Gobierno central que hace tan solo unos días corroboraba el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, al asegurar se reformará la Ley de Costas "para dar tranquilidad a los empresarios y asegurar la conservación del litoral". Situación bien distinta a la de hace un año.
Abril de 2011: la Junta de Andalucía asume la ordenación y gestión del litoral, lo que incluye toda la tramitación administrativa relacionada con los chiringuitos. Febrero de 2012: sólo se han entregado dos autorizaciones en la provincia y no porque no se hayan solicitado sino porque la madeja administrativa se ha convertido en un auténtico freno para que evolucione el sector, que genera 1.600 empleos directos en temporada alta y otros tantos indirectos. El sector no se veía capaz de salir a flote hasta que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció -en la toma de posesión de altos cargos del departamento- que entre sus planes está el de reformar "en profundidad" la Ley de Costas, vigente desde 1988 sin apenas modificaciones. Y ¿qué implica eso?, pues todo apunta a que, en lo que se refiere a los chiringuitos, supone alargar las concesiones (hasta ahora eran anuales y el año pasado se abrió la puerta a otorgarlas por 15 años), autorizar nuevos usos en primera línea para no frenar la inversión y "poner en valor el litoral" para "armonizar el desarrollo económico con la debida protección de los recursos naturales". Ahora sí, todo ello respetando "escrupulosamente" los valores medioambientales. Esas declaraciones hicieron ver a primeros de año "una luz al final del túnel" a los chiringuiteros, que no olvidan las declaraciones que ya en la pasada primavera realizaba desde la oposición el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "Nos gustan los chiringuitos, forman parte de nuestro ser, y mientras gobierne el PP, habrá chiringuitos".
El primer examen ya tiene fecha: del 1 al 8 de abril. Será la primera prueba a la que se someta el sector este año, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa. La cuenta atrás ha comenzado y para alcanzar la meta será necesario "tener voluntad y ser coherentes", según reclama el secretario general del Consejo Empresarial de Chiringuitos de la Federación Onubense de Empresarios, Javier Albea. Pide lo mismo que achaca que no han tenido hasta el momento las diferentes administraciones. "Lo único que hace falta para solucionar la incertidumbre en la que estamos es voluntad", insiste Albea. No es de extrañar cuando esa reiteración cuando lo que han vivido desde que la Junta asumiera las competencias ha sido "un año, sin avances, cuando eran decisivos para mantener a un sector básico para el turismo". Espera que la reforma anunciada les dé lo que tanto han reclamado, o les evite lo que tanto han denunciado: inseguridad jurídica. Reclaman voluntad e interés porque denuncian también un trato "discriminatorio" respecto a otras provincias donde el turismo de sol y playa es básico. Es el caso de Málaga donde, antes de que concluyese el año pasado, de los 200 chiringuitos existentes en la provincia, ochenta ya tenían la autorización oportuna, mientras que el resto estaba en vías de conseguirla. "Eso no tiene sentido", denuncian. Y es que en Huelva de los 70 establecimientos que se reparten entre los ocho municipios del litoral, tan sólo se tienen dos concesiones de licencia sobre la mesa (en Matalascañas y Punta Umbría, localidades donde se ubican la mayor parte de los chiringuitos de la provincia) a las que próximamente se les podrían sumar otras dos (que se están tramitando). Los chiringuiteros no alcanzan a entender cómo hay ese trato cuando los establecimientos que explotan en el litoral onubense deberían ser "más especiales" que los del resto por la propia naturaleza que tiene el entorno y porque "tienen un espacio privilegiado que no hay en ningún otro lugar. No es lógico -se denuncia desde la patronal- que siendo la infantería del turismo, lo primero que ve el turista de sol y playa seamos lo último y se nos niegue poder dar un servicio de calidad".
El sector entiende que la reforma permitirá alargar las concesiones a los establecimientos de playa y autorizar nuevos usos en la costa, algo que se valora sin lugar a dudas como "positivo". El cambio se justifica, entre otras cuestiones, porque la Ley de 1988 daba respuesta a una realidad social y económica de aquella época, muy diferentes a las actuales. Se eliminará así la inseguridad jurídica a la que el sector asegura haber estado sometido. Inseguridad que además se ha intensificado con los azotes continuos sufridos un años tras otro con los temporales que se llegaron a llevar en algunas zonas del litoral onubense hasta el 80% de la arena respecto al volumen que deberían tener en condiciones normales
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