El Ayuntamiento de Lepe tendrá que esperar para poder ejecutar su anunciada salida de la Mancomunidad de Municipios Costa de Huelva y su empresa pública Giahsa, y conceder la prestación del servicio de aguas a una compañía privada. Tras la presentación de un recurso en contra de la separación de Lepe por parte de dicha Mancomunidad, el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Huelva ha decidido paralizar de forma cautelar el proceso. Esta decision ha sido recurrida a la Audiencia Provincial por parte del Ayuntamiento de Lepe
La Mancomunidad recurrió el acuerdo plenario solicitando además la suspensión cautelar de dicha decisión por considerar que la separación de Lepe supondrá unos "perjuicios de difícil reparación" para la entidad supramunicipal, que afectarían a la gestión del servicio de agua, la organización de la empresa Giahsa, a los empleados de ésta y a los ciudadanos y consumidores que reciben estos servicios.Y ahora el juzgado le ha dado la razón frente a Lepe por varias razones. Entre ellas, valora el elevado número de recursos presentados contra la decisión del Consistorio lepero por parte de entidades públicas, concejales de la Corporación local demandada o el comité de personal de la empresa, que por sí mismos podrían causar inicialmente "un planteamiento y decisión favorables a acordar dicha suspensión de la actuación administrativa acordada". Pero además, el juez considera que, efectivamente, el Ayuntamiento no ha actuado correctamente en el procedimiento de separación de la Mancomunidad. Aun sin poder entrar en el fondo del asunto, el magistrado reconoce que el Ayuntamiento no ha cumplido con los estatutos de la entidad, que obligan a estar al corriente del pago de sus obligaciones y abonar los gastos que se originen con motivo de su separación y la parte del pasivo contraído por el organismo a su cargo (gastos que según las cuentas elaboradas por Giahsa y rechazadas por Lepe ascienden a unos 20 millones de euros). Es más, destaca que "ni siquiera ha planteado un posible acuerdo para ello, con los perjuicios que puede suponer no sólo para la propia mancomunidad y los municipios que la integran, sino para la propia empresa pública", por obligar a Giahsa a cambiar sus previsiones de financiación (Lepe es el municipio con más población de la Mancomunidad, 25.000 habitantes). También encuentra el juez otro incumplimiento: el acuerdo municipal no recoge de forma clara quién se va a hacer cargo de la gestión de los residuos y la depuración de aguas, por lo que sería Giahsa la que tendría que seguir prestándolos a pesar de que el Ayuntamiento de Lepe hubiese abandonado la entidad. Algo que puede suponer a juicio del magistrado una futura fuente de problemas, originando incluso "la suspensión del servicio y los consecuentes perjuicios a los ciudadanos". Otros problemas serían el abastecimiento en alta del agua potabilizada (que seguiría proviniendo de Giahsa, aunque la cobrase la futura empresa concesionaria) y el precio a abonar por ella.El juzgado también ha tenido en cuenta a la hora de tomar su decisión las alegaciones hechas por la Mancomunidad Costa de Huelva (representada por el letrado Manuel Olivencia) en cuanto a la corrección del procedimiento empleado por el Ayuntamiento para sacar a concurso el servicio. Así, valora "la existencia de posibles irregularidades recogidas en el expediente de contratación" para la concesión de la gestión del servicio municipal de abastecimiento y alcantarillado del término municipal de Lepe, así como en el procedimiento de adjudicación, que a su juicio "pueden ser motivos también de la suspensión de dichos acuerdos". El auto recuerda la exigencia en los pliegos del concurso de acreditar al menos seis servicios dedicados al ciclo integral del agua en poblaciones superiores a 25.000 habitantes y haberlos gestionado en los últimos tres años, lo que "puede atentar al principio de igualdad y de no discriminación y al principio de libre competencia".Esto lleva al juez a considerar que, siguiendo la legislación existente, puede haber "posibles y evidentes nulidades en los pliegos de contratación" que den lugar a una anulación de la adjudicación que se realice y "una serie de daños de difícil reparación", con la segura reclamación del contratista al Ayuntamiento demandado. Y con el pago de una fuerte indemnización igual que en el caso del Ayuntamiento de Aljaraque, que según recuerda el juez ha sido condenado a abonar 1,2 millones de euros a la Mancomunidad por su salida de la misma hace ocho años. Por todos estos motivos determina la adopción de la medida cautelar, paralizando el proceso de privatización del servicio de aguas en Lepe, sin imponer las costas del proceso a ninguna de las dos partes.
Esperemos que Lepe no abandone Giahsa porque inevitablemente nos veremos perjudicados al irse el pueblo mas poblado de la mancomunidad, por no decir que será la puerta para quel resto de pueblos del PP abandonen tambien Giahsa
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