La sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva desestima los recursos de apelación que interpusieron previamente ambas acusaciones contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva, "confirmándola en todos sus pronunciamientos", lo cual ratifica la absolución tanto del exregidor, como de su teniente de alcalde Miguel Novoa, de la esposa de éste, de un arquitecto y del administrador de la empresa Hiconsa.
Según precisó Millán, todos los perjudicados ya han acordado reunirse con sus letrados para coordinar la reclamación, "aunque como esperábamos el pronunciamiento de la Audiencia en los términos en que se ha producido, previamente habíamos realizado un primer informe para la reclamación de unos daños y perjuicios que van a ser cuantiosos por la mala fe y temeridad con la que han actuado las acusaciones, como ha quedado demostrado en la sentencia".
En este sentido afirmó que aún están considerando si la reclamación va a ser conjunta o no, aunque independientemente de ello, "lo que tenemos muy claro es que sí va a estar coordinada entre todos por la indignación y el deseo de resarcimiento que tenemos debido al mal que se nos ha hecho".
Sobre la sentencia de la Audiencia, el exregidor socialista mostró su satisfacción y su alegría porque "por fin hemos visto que ha resplandecido la verdad y se ha hecho justicia". En este sentido añadió sentirse satisfecho sobre todo "por lo mal que lo han pasado nuestras familias, amigos, compañeros y todos los que nos han apoyado, a los cuales no hemos defraudado".
No obstante reconoció que "son impagables" los casi siete años "penosos" que nos han hecho pasar, en los que se han sentido "acosados y perseguidos" por los denunciantes, que "han usado el caso mediáticamente y con el único interés de destruir a su enemigo político para conseguir a través de los juzgados lo que no pudieron durante 24 años en las urnas".
Por todo ello, Juan Antonio Millán también considera que la sentencia "debe servir de ejemplo y para el escarmiento de aquellos políticos irresponsables que se valen de las falsas denuncias sin prueba alguna, con el único objeto de hacer daño al adversario político bajo la filosofía del 'ofende que algo queda".
Millán consideró a Miguel Ángel Gea "el cerebro" del caso, el cual se valió de "la maldad, el odio y el rencor" de Juan Miguel Polo hacia Novoa, "al que siempre quiso desbancar del segundo puesto en el Ayuntamiento de Cartaya, lo cual nunca logró". A los otros dos denunciantes, Antonio Carro y Juan Guerrero, Millán los considera "meras comparsas necesarias para evidenciar que toda la oposición municipal coincidía en sus acusaciones contra el alcalde y el primer teniente de alcalde".
Millán también aclaró que los daños y perjuicios que van a reclamar "se suman a la condena en costas procesales que la sentencia ha impuesto a las acusaciones, y que también se estiman inicialmente bastante elevadas".
El exalcalde cartayero desveló, por otra parte, que "tal ha sido durante todo este tiempo el descaro de los denunciantes", que incluso recibió un escrito del Ayuntamiento de Cartaya, gobernado ya por uno de los denunciantes (Juan Miguel Polo), en el que "se me ofreció el pago de mi defensa a través de un abogado elegido por el propio Consistorio".
Esta causa se inició a raíz de una denuncia presentada en abril de 2009 por Miguel Ángel Gea (IU), Juan Miguel Polo (no adscrito), Juan Guerrero (PP) y Antonio Carro (PA), todos entonces concejales en la oposición, y los cuales se personaron como acusación popular, por un convenio urbanístico que Hiconsa firmó con el Consistorio en julio de 2005 para la construcción de un centenar de viviendas en El Almendral, junto al centro de la población.
En abril de 2011 el caso fue archivado. No obstante, meses después la Audiencia Provincial de Huelva decidió reabrirlo al considerar que lo instruido era "insuficiente" para archivarlo, ya que faltaban "indagaciones de interés".
Finalmente la sentencia recordó que ha quedado acreditado que el convenio urbanístico se firmó en 2005, en cuya aprobación "participaron y votaron a favor quienes, cuatro años después, en base a una tasación carente de toda credibilidad, construyen una acusación de naturaleza penal, obviando la vía administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa y los principios básicos del derecho penal, con motivos espurios y pretensiones que trascienden más allá de este concreto proceso judicial"
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