Lejos de asumir responsabilidades, el alcalde de Cartaya, el independiente Juan Polo, recientemente condenado mediante sentencia firme al pago proporcional de las costas ocasionadas por el caso Hiconsa como miembro de la acusación particular, no solo no ha dimitido de su cargo como le ha exigido el pasado jueves el PSOE de la localidad, sino que incluso ha llegado a poner en duda dicha sentencia afirmando que los jueces “también se equivocan”.
Y lo ha hecho durante el pleno extraordinario que para tal fin habían solicitado los socialistas cartayeros y que se ha celebrado en la mañana de este jueves en medio de un clima tenso y en el que el único incidente destacable se produjo al final de la sesión plenaria, cuando uno de los asistentes increpó al primer edil cartayero.
El secretario General de los socialistas cartayeros y portavoz municipal de dicho grupo, Alexis Landero, lamentó tras el pleno en declaraciones a los medios de comunicación que el alcalde se haya “aferrado” al sillón y destacó que “no acepta que tiene en su contra una sentencia firme”, criticando al mismo tiempo que los “únicos argumentos” del alcalde “han sido, como siempre, poner el ventilador, echar balones fuera, arremeter contra este portavoz, contra el PSOE y no asumir responsabilidades”.
Dadas tales circunstancias, el portavoz socialista señaló que su grupo “sale triste” del pleno porque “todos hemos podido ver como el alcalde no reconoce la sentencia y no le ha dado a los cartayeros ni una sola explicación sobre Hiconsa, que era la finalidad del pleno”.
Landero también quiso dejar claro que Cartaya “tiene un alcalde condenado junto con tres exconcejales (PP-PA-IU), al pago de 250.000 euros de las costas procesales del caso como acusación popular”, y que “debido a la actuación del propio alcalde el pueblo de Cartaya también está condenado al pago de otros 250.000 euros a través del Ayuntamiento, al que incluyó como acusación particular”.
El portavoz socialista también quiso hacer hincapié en que el alcalde “ha faltado el respeto a todo el pueblo de Cartaya no dando explicaciones sobre el caso para el que habíamos solicitado el pleno, centrando su intervención en otras cuestiones que nada tienen que ver con Hiconsa”.
Con respecto al desarrollo del pleno, destacar que Landero realizó una exposición sobre el origen del caso Hiconsa, centrando básicamente su intervención en frases y palabras extraídas textualmente de la sentencia firme dictada por el juez.
Por su parte, las únicas alusiones del alcalde al caso fueron para poner en duda la sentencia afirmando que los jueces “también se equivocan”, así como que los denunciantes decidieron involucrar al Ayuntamiento de Cartaya como acusación particular por apreciar posibilidades de comisión de delitos por parte de los denunciados.
El pleno de este jueves fue solicitado por el Grupo Socialista el pasado día 28 de octubre, después de conocerse las costas de la condena del caso Hiconsa, que ascienden a 496.293 euros, de los cuales el Consistorio tendrá que pagar 248.146,50, ya que Juan Polo, al ostentar la Alcaldía, aprobó la inclusión del Ayuntamiento como acusación particular en el caso”. Según han manifestado los socialistas “el alcalde independiente dio este paso a pesar de no existir ningún expediente administrativo, informe del secretario o de los servicios técnicos de arquitectura que dejaran entrever que el convenio urbanístico de Hiconsa hubiera ocasionado algún perjuicio patrimonial al Ayuntamiento”.
Ante la falta de respuesta del alcalde, desde finales de octubre, “Polo solo se ha remitido a decir que los gastos de esta condena forman parte del día a día del Ayuntamiento y que la denuncia la habían puesto desde la buena fe”.
En la sentencia dictada por el juez del Juzgado de lo penal nº1 de Huelva, se determina que la denuncia de Hiconsa se basaba en un informe de valoración realizado por otro arquitecto, el cual reconoció en el mismo juicio que tenía amistad con uno de los denunciantes iniciales, el portavoz de IU, Miguel Ángel Gea. El juez determina en su sentencia que “no solo se trata de un informe interesado de parte, sino que fundamentalmente se trata de un informe realizado cuatro años después de la aprobación del convenio urbanístico con el único fin de apoyar y justificar documentalmente una denuncia que carecía de cualquier otro soporte, sustento o apoyo probatorio eficaz”, matizó la representante socialista.
Por todo ello, los socialistas también han exigido en el pleno de este jueves una declaración pública de disculpa a Millán, al resto de denunciados y a sus familiares por haber mancillado su honor, lo cual tampoco ha hecho Polo en la sesión plenaria; así como que las costas impuestas al Ayuntamiento por esta condena sean asumidas por los denunciantes y no por el pueblo de Cartaya, exigencia que han acompañado con la presentación en el pleno de las más de 2.200 firmas recogidas para tal fin en todo el municipio bajo la campaña ‘#NoConMiDinero’.
