Los representantes de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en el Ayuntamiento de Cartaya han denunciado en un escrito presentado en la Subdelegación del Gobierno la «desproporcionada inactividad y pasividad del alcalde», Juan Polo, y su equipo de gobierno (Icar, PP y PA) «en materia de negociación colectiva».
Durante el mandato no han contado con mesa de negociación hasta el 22 de enero de 2019, la cual se paralizó supuestamente el 1 de abril atendiendo a una reclamación del sindicato FEP-USO, según han explicado.
En el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso esta redacción y que está suscrito por los representantes provinciales de los sindicatos, los sindicatos FeSP-UGT, FSC-CCOO y CSIF entienden que se ha podido producir sobre sus representantes sindicales en el Consistorio cartayero «una situación de indefensión jurídica debido a la falta de información y comunicación». Dicho escrito se ha enviado al alcalde de Cartaya, al tiempo que ha sido presentado en la Subdelegación del Gobierno el pasado 8 de mayo.
También advierten en el documento que «se ha podido coartar la libertad sindical» de todos ellos por «imposibilitarles el ejercicio del derecho a la negociación colectiva en todas aquellas materias comunes que se debían haber negociado en una mesa general de negociación», la cual no se ha creado «hasta cuatro meses antes de las elecciones municipales, el 22 de enero».
Una vez constituida esta mesa «el pasado 16 de abril de 2019, a través de los medios de comunicación», los representes sindicales tuvieron conocimiento «de la notificación de resolución del Ayuntamiento de Cartaya al sindicato FEP-USO, fechada a 1 de abril de 2019, donde se establece la estimación de la reclamación presentada por este sindicato», donde «solicitaban ‘anulación de la sesión de constitución de la mesa y de todos los acuerdos alcanzados».
El escrito prosigue explicando que «de ser falsa la noticia» relativa al «sindicato FEP-USO, consideraríamos conveniente la intervención del Ayuntamiento desmintiendo la misma». En caso contrario los representantes sindicales entienden que es «inapropiada la postura de silencio absoluto por parte del alcalde y los miembros de su equipo de Gobierno».
«Desde que se constituyera el pasado 22 de enero de 2019 la mesa general, ni el secretario de esta mesa ni ningún representante de la corporación municipal con presencia en la misma, se ha puesto en contacto con nosotros o nuestros representantes sindicales en ese Ayuntamiento para confirmar o desmentir tal situación o para facilitar cualquier tipo de información al respecto», argumentan en el escrito.
Los representantes sindicales explican además que «tampoco se ha realizado convocatoria formal ni han contestado al día de la fecha a nuestra petición registrada el 12 de abril de 2019 solicitando convocar la mesa general, actitud que junto a la dejación llevada a cabo a lo largo de toda la legislatura, demuestra un elevado desinterés por parte del alcalde y su equipo de Gobierno hacia el conjunto de trabajadores y trabajadoras municipales», enfatizan en el documento.
Por todo ello, los tres sindicatos coinciden en que este comportamiento es «innecesario y perjudicial para el conjunto de derechos de todos los trabajadores y trabajadoras municipales».
Las tres fuerzas sindicales hacen referencia a «toda la normativa y jurisprudencia creada al efecto», que «establecen cuales son las organizaciones sindicales que pueden estar presente en mesa general para negociar las materias comunes a todos los empleados municipales» lo que les lleva a pensar que «se ha venido produciendo una desmesurada ralentización, totalmente innecesaria y perjudicial para las negociaciones de los derechos del conjunto de todos los empleados municipales».
Los sindicatos aluden además en el documento a que han tenido conocimiento «a través de los medios de comunicación de la aprobación de los presupuestos municipales de 2019 y, en este caso, tampoco ha habido dialogo», por lo que no los denunciantes carecían de «información sobre amortización o creación de nuevas plazas de empleados públicos, incremento o disminución de retribuciones complementarias de los mismos o cualquiera otras cuestiones que pudieran afectar al conjunto de trabajadores y trabajadoras municipales y en la que pudiéramos tener competencia y estar legitimados para su negociación».
Por todo ello, los representantes de FeSP-UGT, FSC-CCOO y CSIF solicitan en el escrito la «convocatoria con carácter urgente de la Mesa General de Negociación actualmente constituida», así como la «aportación del acta de constitución y el «documento de impugnación a la constitución de la Mesa General por parte del sindicato FEP-USO».
Además piden la «documentación del Ayuntamiento referente a la estimación de la mencionada impugnación junto al informe jurídico del secretario municipal o cualquier otro técnico que hubiera participado por tener competencia para ello», junto al «acta del funcionario, autoridad u órgano colegiado que hubiera participado estimando como válida dicha impugnación» a la par que «nulos aquellos pactos y acuerdos alcanzados en las mismas».
Por otra parte, también solicitan el «acta de constitución del resto de mesas de negociación», como «funcionarios, laborales y sectoriales» y los «acuerdos y pactos alcanzados en el seno de todas ellas e informes o criterios técnicos -Recursos Humanos, Secretaría e Intervención- que se hubieran emitido como consecuencia de consultas por alguna de las dos partes -Ayuntamiento o sindicatos- a lo largo de las negociaciones».
En el documento los representantes de los trabajadores municipales también solicitan «copia de los expedientes de los procedimientos llevados a cabo por parte del Ayuntamiento de Cartaya a lo largo de la presente legislatura en relación a las materias comunes que deben ser objeto de negociación en la mesa general, según legislación vigente».
Otra documentación que piden es el «informe y criterios técnicos del responsable de Recursos Humanos, Intervención y Secretaría en relación a los procedimientos aludidos», haciendo referencia «en particular» a las «provisiones de puestos de trabajo, ofertas de empleo público, amortizaciones de plazas y determinación y aplicación de retribuciones complementarias a los empleados públicos».
