El Juzgado de lo
contencioso-administrativo número 2 de Huelva ha admitido a trámite un recurso,
interpuesto por el PSOE de Cartaya, contra la desestimación del recurso de
reposición elevado a su vez contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento
adoptado en un pleno celebrado el pasado 27 de enero, por el cual se aumentaban
las asignaciones a los grupos políticos en 8.000 euros anuales, lo que supone
un total de 40.000 euros al año en gastos políticos.
Dicho
acuerdo contó con los votos favorables de los grupos que integran el tripartito
que gobierna en la localidad (PP, Icar y PA), además de con el apoyo de IU, y
con el voto en contra del PSOE, y fue adoptado por “la vía de urgencia, sin la
justificación o motivación suficiente tal como establece”, motivo por el que se
registró en el Consistorio un recurso de impugnación.
Según reza
en el decreto judicial, el juzgado
requiere al Ayuntamiento de Cartaya para que en el plazo de 20 días, remita a
dicho órgano judicial el expediente administrativo completo, o bien copia
autentificada del mismo, así como para que notifique la resolución que ordene
la remisión del expediente a todos los interesados en el mismo. El auto fue
dictado el pasado 23 de mayo y les emplaza para que puedan comparecer ante este
juzgado.
Cabe recordar que el aumento
y reparto de la asignación a los grupos municipales llegó a raíz de la
presentación de una a moción a dicho pleno de enero por parte de IU, que fue
apoyada por los grupos que integran el tripartito (Icar, PP y PA). Dicha moción
se cerró con la aprobación de una subida de 8.000 euros anuales en concepto de
asignación fija a los grupos políticos con representación municipal.
La
subida supone un incremento total anual de 40.000 euros por dicho concepto
(teniendo en cuenta que son cinco grupos), lo que supone un 98,5 por ciento más
en las asignaciones que con carácter fijo y variable reciben al año los
diferentes grupos representados en el Consistorio cartayero. Hasta este momento
venían cobrando cada uno con carácter fijo un total de 2.000 euros al año (que
pasará a 10.000 euros), y con carácter variable en función del número de
concejales 150 euros mensuales por edil (30.600 euros al año).
La moción de IU pedía en
primera instancia que se facilitaran despachos en inmueble propiedad municipal
a los grupos políticos, y fue asumida por el equipo de Gobierno con el alcalde
a la cabeza, el independiente Juan Polo, que añadió una transaccional, quedando
el acuerdo definitivo en instar a la Alcaldía a que facilitara los citados
despachos y “que mientras se habilitan, se pagará una compensación económica de
8.000 euros anuales a cada grupo que lo solicite por escrito en el registro de
entrada”. Dicha moción no estaba incluida en el orden del día de la sesión
plenaria, siendo por tanto admitida por la vía de urgencia.
En el
pleno, el Grupo Municipal Socialista, que en un primer momento mostró su predisposición
a apoyar la moción en la que IU solicitaba la habilitación de dichos despachos
“por ser una medida contemplada en nuestro programa electoral, y por tanto
avalada por los ciudadanos el ser la formación política más votada en las
pasadas elecciones municipales” finalmente votó en contra de la propuesta al no
aceptar la contraoferta económica realizada por el equipo de Gobierno
tripartito por entenderla “fuera de lugar, desproporcionada y no acorde con los
tiempos que corren”.
Los
socialistas concluyeron el pleno criticando duramente el acuerdo, al que
calificaron de “incoherente” e “indecente” en “los actuales tiempos”, si bien
defendieron “lo que la Ley dice en este sentido, y es que los grupos políticos
con representación municipal tenemos derecho a disponer de despachos en el
edificio consistorial”.
Según
reza en el recurso de impugnación presentado por el PSOE, este partido
considera que los miembros corporativos que votaron a favor de la moción
“podrían haber incurrido en un presunto delito de malversación de caudales
públicos y/o de prevaricación”.
En el
mismo señalan al acuerdo “no ajustado a derecho” y remarca como alegaciones la
ausencia de justificación de la urgencia de la moción y la inexistencia de
informe del interventor municipal sobre si existe dotación presupuestaria al
momento de adoptarse el acuerdo plenario de compensar a cada grupo municipal
con la citada cantidad.
A su
vez, remarca en el escrito la posible infracción del Artículo 73 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ya que de
acuerdo con la misma “las asignaciones a los grupos políticos municipales
deberán de contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y
otro variable, en función del número de miembros de cada grupo municipal.
Componentes fijos y variables de los que ya disponen los grupos políticos del
Ayuntamiento de Cartaya”.
Sin
embargo, aseguran desde el PSOE, “no se contempla entre los derechos económicos
de los grupos políticos que se le compense económicamente por no disponer de un
despacho en edificio municipal” y, en consecuencia, añaden, “la compensación
económica por importe de 8.000 euros acordada por el pleno municipal deviene en
nula de pleno derecho”.
Del
mismo modo, insisten en que la exigencia de que la compensación económica de
8.000 euros anuales para cada grupo municipal “tenga que ser solicitada por
escrito en el registro de entrada, representa una coacción y una palmaria
discriminación”.
Al
respecto, consideran que tal exigencia “representa una coacción” al único grupo
municipal que votó en contra de la moción (PSOE), ya que el acuerdo adoptado
“obliga al grupo socialista a actuar en contra de sus propios actos, dado que,
una vez que han votado en contra del dicho acuerdo, mientras que los demás
grupos políticos han votado a favor, le obliga a solicitar por escrito y por
registro de entrada la compensación económica”.
A
juicio de los socialistas, esto significa que los grupos políticos que votan a
favor de esta moción “envían un mensaje claro” al grupo del PSOE: “o votas a
favor o te quedas sin compensación económica”. O en última instancia, insisten,
“están obligando al grupo socialista a variar el criterio político sostenido en
el pleno votando en contra de la moción, pues le exigen que presente por escrito
y en registro general una solicitud para acogerse a la ilícita compensación
económica acordada por el pleno”.
Por
último, señalan desde el PSOE que no entienden cómo “el equipo de gobierno
siempre alega el plan de ajustes para no aprobar las propuestas socialistas y
ahora tienen la desfachatez de aprobar esta medida de una forma tan ilegal, con
tal de coger 8.000 euros cada grupo”. Por ello, se preguntan “qué ha podido
pasar en tan solo 18 meses para que ICAR, PP, PA e IU cambien de opinión y
ahora tengan tanto interés en cobrar 8.000 euros más por grupo”.
