La intención del PP y el alcalde de Cartaya puede suponer tener que pagar 10 millones de euros

Parece que la alianza del PP y el alcalde independiente de Cartaya, Juan Polo (cogobierna con el PP y PA), se han unido en las tesis privatizadoras para intentar hacer caja con la venta del servicio al objeto de hacer frente a la falta de ingresos del Consistorio. Y todo sin tener en cuenta que esta privatización puede ocasionar a los bolsillos de los ciudadanos por la presumible subida del recibo del agua, como ha pasado en otras localidades que privatizaron el servicio antes que Cartaya; o a la larga, para las propias arcas municipales, a las que la salida de Giahsa podría costarle varios millones de euros. MAS advierte Por el momento, MAS y Giahsa han anunciado la puesta en marcha de una “amplia batería de iniciativas jurídicas” encaminadas a garantizar que la separación de la gestión mancomunada anunciada por ayuntamientos como el de Cartaya, de llevarse a cabo, se realice “cumpliendo todas las obligaciones previstas para que no se ocasionen daños al resto de municipios y a la propia Giahsa”. En esta línea, desde la Mancomunidad se ha advertido de la “responsabilidad penal, administrativa y de carácter personal, en la que incurrirían tanto los alcaldes como los concejales y funcionarios municipales que tomen, ratifiquen o validen acuerdos y actos de carácter ilegal”.

Así las cosas, MAS ha asegurado que sus servicios jurídicos llevarán este tema “hasta las últimas consecuencias”, tanto en lo contencioso- administrativo como en lo
mercantil y penal, y considera que sería un hecho “de extraordinaria gravedad” la
contratación de empresas por vía de emergencia, dado que tal emergencia no existe al estar la prestación de los servicios plenamente garantizada por Giahsa. MAS ha dejado
claro que respeta la autonomía de los ayuntamientos para escoger la fórmula que deseen, aunque acudir a la emergencia, que la ley reserva para otras causas “puede ser manifiestamente irregular”. No cabe, por tanto, “iniciar estos procedimientos con la pretensión de obtener ingresos suplementarios, aunque sea a costa de incumplir sus
obligaciones y sin que existan motivos fundados para la separación